Martín Esparza bajó el desfiladero de Oventic, se abrió paso entre periodistas y activistas nacionales y extranjeros, y llegó hasta un grupo de indígenas que alternaban en los rostros pañoletas y pasamontañas.

—Somos del Sindicato Mexicano de Electricistas y venimos a ponerles luz.

Con él, varias cuadrillas de trabajadores, camiones con postes, transformadores y toda la herramienta y cableado que hizo falta para tomar la corriente de la Comisión Federal de Electricidad e instalar la infraestructura en los municipios autónomos gobernados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.

Era el verano de 2003. Esparza ocupaba la Secretaría del Exterior del SME y fue comisionado para llevar energía eléctrica hasta Los Caracoles que inauguró el subcomandante Marcos en esas fechas. Todo, por cortesía del sindicato de Luz y Fuerza del Centro sucedió.

El EZLN no es el único grupo rebelde con el que el SME mantiene vínculos y apoyos. Ese es un foco rojo que el gobierno federal deberá tomar en cuenta conforme se agudice el conflicto que inició con la negativa a dar la toma de nota al dirigente electricista: la ola de movimientos subversivos que coinciden con el discurso del SME, que repudian al gobierno, que piensan que saneamiento empresarial es igual a privatización, que reivindican las conquistas laborales por encima de la productividad; en síntesis, que buscan ejercer un modelo comunista en un mundo neoliberal que —caldo de cultivo— exhibe su debilidad en medio de la peor crisis económica internacional de las últimas ocho décadas.

Por si esas convergencias no bastaran, estos grupos radicales suelen regirse en mucho por efemérides —sus comunicados reivindican fechas fundacionales, natalicios o muertes de dirigentes, fiestas patrias—, y el próximo año se conmemorarán el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.

En el SME dicen que tienen dinero suficiente para enfrentar la sequía de los fondos congelados derivados de la toma de nota. Algo habrán ahorrado de los 450 millones de pesos que, según sus estados financieros, les ingresan cada mes. A fin de cuentas organizar una marcha cuesta como medio millón de pesos. Y les quedará siempre pasar la charola entre agremiados, simpatizantes y aliados.

En lo que se da el choque —si se da—, las dos partes, gobierno federal y sindicato, buscan apoyos. Unos en empresarios, otros en guerrilleros. Unos recordarán la corrupción en el servicio de luz, otros la crisis económica. Ambos han entrado en contacto con dos actores claves: Ebrard en el DF y Peña Nieto en el estado de México (sus fuerzas policiacas pueden inclinar la balanza).

Se vaticina pleito legendario. Claro, si se animan.

SACIAMORBOS Quejoso eterno del contrato colectivo, lo denunciarán porque nomás se sentó en la silla contrató a un amigo, lo hizo trabajar año y medio en su círculo de confianza, y luego lo jubiló con las prestaciones que solía criticar.