A raíz de la derrota electoral del PAN y del presidente Calderón el domingo 5 de julio, muchas voces se alzaron para cuestionar como “error garrafal” que el partido oficial y el gobierno se “montaran” en “la guerra contra el crimen” para apuntalar su campaña.

El problema que más preocupa a la gente, dijeron, no está en la inseguridad o los altos niveles de operación que han alcanzado en todo el país el crimen organizado y el narcotráfico. No, la preocupación social está en el empleo y el bolsillo. Otros de plano dijeron que la detención y el arraigo de alcaldes michoacanos, y el incremento en los operativos de policías y militares contra los barones de la droga —en todo el país—, no eran más que una estratagema electorera.

Pero cuando no se cumplía siquiera la semana del proceso electoral, los criminales y narcotraficantes mostraron de manera escalofriante no sólo de su músculo, poder de fuego, movilidad, capacidad de ataque y, por supuesto, impunidad. Resultan un escándalo el secuestro y crimen de Benjamín Le Barón y Luis Widmar, activistas antisecuestro de la comunidad mormona de Galeana, en Chihuahua, quienes de noche fueron sacados de su casa, secuestrados y asesinados por sicarios. ¿Por qué los mataron? Porque Benjamín era el líder de una comunidad que prefirió perder a uno de los suyos antes que pagar por el rescate de un secuestro.

Es decir, que los criminales organizados y el narcotráfico impusieron en Chihuahua y en todo el país su ley. Y esa ley está por sobre la ley de los hombres e incluso sobre la ley divina. Los narcos hacen valer su ley, mientras los gobiernos estatal y municipal no hacen nada, y no lo harán en el futuro. Acaso capacitarán a la comunidad, y hasta podrían dotarlos de armas.

Pero vale preguntar: ¿cuál es la misión fundamental del Estado? En efecto, preservar la vida y los bienes ciudadanos. Y cuando algunas instituciones del Estado no cumplen esos básicos, podemos suponer que no sirven para nada. Es el caso de los alcaldes y del gobernador de Chihuahua.

En Michoacán no venden piñas. Si existían dudas de que la prioridad en México es combatir al crimen y al narcotráfico —porque no existe modelo económico o economía que resista la ley del crimen—, las dudas se despejaron con la guerra que desató La Familia contra la Policía Federal y el Ejército. Guerra inédita, y por eso intolerable.

¿Y el gobierno local? Eso no importa, el señor Godoy prepara sus aspiraciones presidenciales. Leonel y otros perredistas disputan el partido, en medio de las balas del crimen. Pura congruencia, responsabilidad y eficacia. Pero eso sí, se dicen agraviados cuando fuerzas federales persiguen narcos en los estados. ¿De veras no es prioridad combatir al crimen organizado y al narco?