Hace unos días el general Rafael Macedo de la Concha, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia Militar, dijo: “Ojalá y apoyen al Ejército”. Viniendo de un general de experiencia, la frase no suena a súplica. Entonces nadie sospechaba que la PGR detendría a 10 oficiales. Para el Ejército son infidentes de Guzmán Loera.

En 2008, la Sedena también entregó a cinco militares por nexos con los Beltrán Leyva y, en mayo pasado, a otros 12 por vínculos con Los Zetas. Todos, desleales y traidores. Militares con preparación, aunque no tanta como para evitar venderse. Al parecer filtraban información al cártel del Pacífico para evadir las operaciones militares.

La justicia militar determina aplicar el artículo 13 constitucional, de manera que los solados tramposos sean procesados por la justicia civil. Sin tanto misterio. De cara a los ciudadanos. Decisión que privilegia la transparencia. Los probables cargos contra la decena son: delincuencia organizada y los que resulten de su presunta colusión con El Chapo y compinches. Así, la única forma de respaldar al Ejército, como pide Macedo, es distinguir entre conductas individuales y códigos institucionales. Las Fuerzas Armadas no se tocan el corazón. Los casos de los generales José Gutiérrez Rebollo (40 años de prisión), Mario Arturo Acosta Chaparro (El Warma, en libertad) y Francisco Humberto Quirós Hermosillo (fallecido) ilustran cómo se imponen penas o se consigna a quien, con su comportamiento, mancha a la institución castrense.

La historia se repite. Detener a los sospechosos de alertar al enemigo (en el fuero de guerra el delito es traición y se castiga con las penas mayores) ofrece una prueba de cohesión gubernamental en la cual queda claro que los militares no bastan para resolver el crimen organizado. Este es un trabajo para todo el Estado. Una vez más se exhibe mediáticamente a algunos soldados corruptos, a cambio de salvaguardar la integridad de las Fuerzas Armadas, en tiempos en que no han sido pocos los cuestionamientos al proceder militar. Estos hechos también responden a los frecuentes cuestionamientos de organizaciones civiles por los derechos humanos vulnerados en manos de soldados y porque estos temas siempre se confinaron al sigilo del fuero militar.

Nueve de los 10 militares consignados ya han sido arraigados por 40 días, aunque no por sus relaciones con El Chapo sino con Ismael El Mayo Zambada. Una imprecisión informativa más es lo de menos. El Chapo y El Mayo a fin de cuentas son socios. Ojalá el procurador Eduardo Medina Mora esta vez no se haga “bolas” y nos diga, como con los responsables de los 46 infanticidios de Hermosillo: “Aquí yo no veo delitos graves”.