A 35 días de las elecciones intermedias el debate parece salido del Hamlet shakespeariano. ¿Votar o no votar? Esa es la cuestión. Encrucijada ontológica que confronta a los “políticamente correctos” —que perciben como crimen de lesa democracia sólo insinuar a no votar—, y a los “desesperados” que pregonan no votar o anular el voto.

El dilema parece enfrentar los extremos; la promoción del voto como única alternativa de cambio o, en contrario, la anulación del mismo voto como señal de castigo a una partidocracia irresponsable, arrogante, ineficaz e insaciable. En realidad lo interesante es que el debate está muy lejos de la premisa shakespeariana. La cuestión no se reduce a “votar o no votar”, sino que admite tantas variables como votantes acudan a las urnas, o se alejen de ellas.

Es decir, el voto y su significado son únicos, individuales, íntimos e intransferibles. El voto, en democracia, sintetiza la libertad de expresión que, al mismo tiempo, es la sabia que permite la supervivencia de la democracia misma. El acto de votar es el ejercicio de expresar con libertad —mediante una cruz en una boleta—, el grito de censura o aplauso a malos o buenos gobiernos; es el instrumento social más eficaz para premiar o castigar a políticos, candidatos y partidos. Es la única herramienta de un poder social que en México no es reconocido: la opinión pública.

Sí, pero resulta que en México el derecho a votar es un derecho mutilado. En teoría —(Itinerario Político, 30 de mayo de 2006 y 31 de agosto de 2008)—, el concepto básico del derecho a votar y ser votado lleva implícitas las opciones de los electores para decir “sí” o “no” a candidatos o partidos propuestos. Pero la ley electoral mexicana otorga a los partidos el monopolio de poner los candidatos y sólo permite a los electores que se expresen por el “sí”. ¿Y dónde queda la opción de los electores a decir “no”, al candidato propuesto, a los partidos existentes, a los gobiernos...? En México el voto es un derecho mutilado.

Por eso, desde mayo de 2006 aquí hemos promovido “el voto por el no”, que está lejos de la abstención o la anulación del voto —aunque en la práctica se confunde con las dos premisas—, pero que es un grito social legítimo para recuperar la libertad de expresión plena al momento de votar; el derecho a decir “no” a un candidato, partido, gobierno o campaña. Sólo se pide que respeten el derecho ciudadano a decir “no”, que en la boleta aparezca el espacio del “no” junto al “sí”, y que se cuente el “no”, igual que el “sí”. ¿Por qué lo niegan? Miedo a ser reprobados.

En el camino

Pese a los intentos golpistas, Víctor Hugo Círigo seguirá al frente de la ALDF.