Desde principios de esta semana se da por un hecho la renuncia de Carpinteyro, quien sin embargo todavía ayer insistía en que ella no había sido notificada de su despido, que al menos al cierre de esta columna tampoco ha sido confirmado oficialmente, aunque todos dentro de la SCT y en el medio lo dan ya por un hecho.

Lo que es innegable es que desde que Carpinteyro llegó a la SCT se desató una guerra interna que en nada ayudó a destrabar los múltiples problemas que existen hoy en el sector. Carpinteyro, quien realizó una excelente labor al frente de Correos de México, intentó impulsar un acuerdo con los distintos concesionarios para poner fin a los múltiples litigios que hoy enfrenta la SCT y que tienen paralizadas las inversiones en el sector, pero la realidad es que no contó con el apoyo de Téllez. Carpinteyro fue cuestionada por otorgarle a Telmex una afirmativa ficta que detuvo el calendario de consolidación de áreas locales establecido por la Cofetel.

Lo que es un hecho es que con el nuevo reglamento interno de la SCT, que ya fue publicado, se debilitaron las funciones de la subsecretaria y se fortaleció a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Entre los muchos temas pendientes están por un lado la licitación del espectro radioeléctrico, que está ya supuestamente a punto de publicarse; la definición sobre la apertura del título de concesión de Telmex para que pueda otorgar servicios de televisión; los refrendos de las estaciones de AM; la solicitud de TV Azteca para ofrecer tv digital hasta en 6 canales a través de la venta de mutiplexadores; la consolidación de áreas locales; los refrendos de MVS Multivisión, que están detenidos desde hace dos años; los litigios por la resolución de la STC para reducir las tarifas de telefonía fija a móvil; la puesta en marcha del reglamento de la SCT; la polémica sobre el nuevo reglamento de la Cofetel que aún no se publica; el plan técnico fundamental de interconexión que está ya en la Cofemer; la definición sobre la política para la radio digital; y las demandas de la Canitec por la alianza de Telmex y MVS para el nuevo servicio de Echo Start México.

Televisa logra acuerdo con Univision

Importante el acuerdo entre Televisa y Univision, que pone fin a un litigio iniciado hace dos años y que representará para Televisa más de 600 millones de dólares de ingresos, al modificarse el contrato de licencia de programación que seguirá vigente hasta 2017.

Televisa, que fue socio de Univision con 11% del capital, inició el litigio ante tribunales después de que la empresa fue adquirida por el grupo encabezado por Haim Saban y no cumplió con el contrato de programación.

Para Univision era vital llegar a un acuerdo con Televisa, toda vez que su programación depende del contenido de la televisora mexicana y, según se informó, como parte de este convenio Televisa, que ayer registró un alza en sus accione, otorgó también a Univision los derechos de transmisión en este año de los derechos de transmisión de los partidos de futbol en los que jueguen como locales los equipos propiedad de Televisa: América, Necaxa y San Luis.

IDET, vs reglamento de SCT

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) publicó un desplegado en el que critica el nuevo reglamento interior de la SCT, señalando entre otros puntos que representa un retroceso al ampliar la doble ventanilla, ya no sólo entre la Cofetel, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT y la Dirección de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Además de que esta doble ventanilla es contraria a la política de simplificación, podría contribuir a incrementar el tiempo de resolución de trámites.

Además, todos los concesionarios, no sólo Telmex y Telnor, estarán obligados a solicitar a la SCT la aprobación de tarifas para sus servicios, y en lo referente a radiodifusión, el IDET critica que se otorga facultades indelegables al titular de la SCT en temas como refrendos, prórrogas, modificaciones al título de concesión en contra de lo que marca la Ley de Telecomunicaciones en su artículo 9-A.

Añade que el reglamento es contrario a las mejores prácticas internacionales y muestra su preocupación de que el artículo 4º transitorio podría aplicarse en forma retroactiva en perjuicio de las empresas cuyos trámites están pendientes a la entrada en vigor del reglamento.