Y no hay que ser ningún experto para darse cuenta de que buena parte de las culpas de la inseguridad la tienen nuestros ministerios públicos y jueces, quienes a menudo se aprovechan de los tantos resortes que conocen de las leyes para dejar libres o castigar con penas irrisorias a pillos que reinciden ya no una o dos, sino hasta cinco o seis veces.

Así las cosas, causa sorpresa saber que en cierta barandilla de esta desigual metrópoli un señor juez ha venido imponiendo a sus sentenciados “lo único que ha estado a mi alcance”: la ley, tal cual.

Pascual Sánchez Díaz, juez primero penal de Tlalnepantla, es un hombre atento y cordial, pero está considerado por sus colegas como un sentenciador “de hierro”.

—Uno hace su trabajo de la mejor manera y no anda pensando en las consecuencias que pueda tener. Soy un hombre honrado y sé bien que mi tarea consiste en aplicar el derecho.

Así habla Sánchez Díaz, quien recientemente no se dejó amedrentar por la prepotencia de un individuo que no tuvo reparos para violar, golpear y todavía asesinar a una niña de 13 años de edad, Laura N.

El severo dictamen del juez dejó sin palabras al agresor, un tal Alfonso Ramírez, quien hasta el último minuto, según versión de testigos, se jactó de que lo dejarían libre: 62 años de cárcel, así como pago de multa y reparación de daños por 290 mil pesos (máximo que marca la ley).

Pero este juez del penal de Barrientos no quiere ser identificado con “ninguna etiqueta” y dice ser “normal, como todo mundo”.

—Claro que temo por mi seguridad o por la de mi familia, pero así es la vida. Seguido nos llegan casos muy difíciles: ahora mismo, acabo de sentenciar a cuatro secuestradores, aplicándoles 60 años. Imagínese usted si andaré tranquilo.

Sí… se le cree.

amilcarsalazar@yahoo.com