El martes pasado los habitantes de la ciudad de Chihuahua vivieron una dramática jornada de sicosis generalizada. Su ánimo está por los suelos desde hace meses y no es para menos. Todos los días se enteran de una o varias muertes violentas relacionadas con el narcotráfico. Chihuahua se ha convertido en la entidad con el mayor número de ejecuciones del crimen organizado.

Pero el 11 de noviembre fue de pesadilla. Los chihuahuenses habían empezado el día con la noticia de que sicarios de las drogas había prendido fuego a dos restaurantes de renombre, el Mariachuchena y El Dorado. En horas del mediodía apareció un cadáver encobijado frente a una escuela primaria, ejecución ésta a la que se sumaron otras dos en las primeras horas de la tarde. Eran policías ministeriales asesinados con ráfagas de metralla disparadas desde una camioneta en movimiento en lo que desde hace meses se conoce ya como el crucero de la muerte (avenida Francisco Villa y Periférico de la Juventud) porque ahí han ocurrido el mayor número de los asesinatos que tienen en vilo a la sociedad chihuahuense.

Para ese momento ya corrían todo tipo de rumores: que un grupo de sicarios estaba por entrar a la ciudad y que dispararía contra la gente; que la procuradora Patricia González y el secretario de Seguridad Pública, Javier Torres Cardona, habían sido secuestrados; que las instalaciones de la Subprocuraduría estaban tomadas por narcotraficantes; que los agentes ministeriales se ocultaban por miedo a las amenazas de muerte recibidas; que matones a sueldo habían tomado rehenes en un importante centro comercial de la ciudad, y que esa misma noche sería decretado el toque de queda. Los rumores se esparcían de boca en boca, por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas de celular. Llegó un momento en que era tal la desesperación de avisar a familiares y amigos de las funestas noticias o de corroborar si estaban bien, que el servicio de telefonía portátil se saturó y por minutos se interrumpió intermitentemente.

Para entonces, restaurantes y centros de diversión habían cerrado. Diputados locales del PAN encabezados por Miguel Jurado se dejaron ir al palacio de gobierno. Ahí encararon al secretario de gobierno, Sergio Granados Pineda, a quien recordaron aquello de que si no puede que renuncie. Los mensajes y las llamadas por celular se intensificaron con el objeto de persuadir a la gente a encerrarse en sus casas. La Universidad Autónoma de Chihuahua suspendió actividades y corrió el rumor de que había tiroteos en diversas facultades.

El gobernador José Reyes Baeza Terrazas no dio la cara. Mandó a los canales locales de TV a su procuradora y a su secretario de Seguridad para llamar a la calma y mostrar que no habían sido secuestrados. La historia de ese martes de pánico la hilvané con muchos testimonios enviados a este espacio por chihuahuenses muertos de miedo que exigen frenar ese estado de zozobra, y se la platico porque es un dramático ejemplo de lo que podría generalizarse en el país. ¡Cuidado!

Instantáneas

1. FALLO. De acuerdo con el fallo del TEPJF, fueron poco más de 350 mil los votos anulados en la elección interna del PRD, es decir, 22.7% de las casillas. Según los estatutos de ese partido, la anulación de más de 20% de las casillas es causal de nulidad del proceso. El TEPJF, sin embargo, asumió el criterio de que la anulación de esos votos no influía en el resultado final de la elección, es decir, que no tipificaba lo que llaman determinancia, no obstante que la diferencia entre Jesús Ortega y Alejandro Encinas fue de poco menos de 37 mil votos. De manera que, sin determinancia, no hay nulidad y el fallo es inatacable.

2. RUPTURA. Una vez conocido este fallo que legaliza el cochinero en la elección interna del PRD, todo parece apuntar hacia el réquiem de ese partido. La fractura es inminente. Por lo pronto Convergencia y el PT ya decidieron excluirlo de su alianza electoral que aseguran mantendrán con el movimiento de López Obrador.

(rrodriguezangular@hotmuail.com)