El avance del sector privado en áreas de la industria petrolera reservadas por la Constitución al Estado. Con la reforma se regulariza, a través de leyes secundarias, que las firmas privadas estén presentes a lo largo de toda la cadena de valor mediante un sistema de contratos y de permisos, con excepción —decíamos en la anterior entrega— de la refinación. De manera que la reforma es privatizadora en el sentido de que fortalece y amplía la participación privada en las actividades que componen la industria petrolera.

2. La entrada del sector privado en la exploración y la producción de hidrocarburos, ya que la reforma incluye todo un paquete de disposiciones relativas a contratos de exploración y producción con el sector privado en una apertura que no se limita a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

3. La legalización de los cuestionados contratos de servicios múltiples. De hecho, la reforma legaliza su naturaleza aunque prescinde del nombre. Pero llámense como se llamen, facultan al sector privado para que actúe como inversionista y operador en exploración y producción, servicios que se le pagarán sí, en efectivo, pero con los ingresos que genere la venta de la producción. También se legalizan los mecanismos de dichos contratos: la entrega de bloques de territorio, catálogos de precios, fórmulas, premios e incentivos.

4. La autorización de una especie de nuevos contratos de riesgo. Las reformas legales no incluyen, por supuesto, el término, pero sí se refieren a la posibilidad de que firmas privadas exploren, desarrollen yacimientos y produzcan crudo en bloques determinados donde, de hecho, tendrán derechos exclusivos, entregarán la producción a Pemex y cobrarán por sus servicios en función de los resultados obtenidos en el bloque contratado. Ese tipo de contratos se podrán otorgar por asignación directa, con cláusulas de confidencialidad respecto a los términos económicos pactados, con duración abierta de los contratos y con remuneraciones monetarias indexadas al volumen o valor de las reservas, al valor de la producción y los precios de los hidrocarburos. Aunque los pagos, decíamos, son monetarios, queda abierta la posibilidad de que el contratista tenga acceso a la renta petrolera; y aunque están prohibidos los contratos de producción compartida, no lo están los contratos que reparten el valor de la producción.

5. Y la obligatoriedad de transparentar los contratos, ya que se prevé que sean confidenciales y que su información quede reservada, según obligación expresa conferida a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Instantáneas

1. AVIONAZO. Conmoción provocó ayer el accidente aéreo en el que murieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el ex subprocurador de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos y otros seis funcionarios públicos. El Lear Jet de Gobernación, matrícula XE VMC, que partió del aeropuerto de San Luis Potosí como vuelo de seguridad nacional, cayó en la esquina que forman las calles de Ferrocarril de Cuernavaca y Paseo de la Reforma, muy cerca de la Fuente de Petróleos, en las Lomas de Chapultepec. Por tratarse de quien se trata, se ha generado gran suspicacia respecto a las causas del percance. Las primeras informaciones parecen confirmar que se trató de un accidente. Sin embargo, hay muchas dudas y ellas construyen un mensaje muy grave en el contexto de la guerra contra el narco. Es preciso que se dé información amplia y suficiente que permita corroborar, en el mejor de los casos, que se trató de un accidente aéreo.

2. COINCIDENCIAS. Vicente Fox hace tres años, igual que Felipe Calderón ahora, perdió en un accidente aéreo a su más cercano colaborador y amigo, Ramón Martín Huerta. El entonces secretario de Seguridad Pública Federal murió el 21 de septiembre de 2005 al caer en San Miguel Mimiapan, estado de México, el helicóptero en que viajaba. En su momento, también se especuló si estábamos frente a un atentado del crimen organizado, cosa que se desmintió con el paso del tiempo, luego de que se realizaran los respectivos peritajes.

(rrodriguezangular@hotmuail.com)