Todos saben que en julio de 2009 en el Distrito Federal se elegirán 16 jefes delegacionales y 66 diputados a la Asamblea Legislativa.

Pero lo que pocos saben es que ese proceso electoral no sólo puede ser declarado ilegal, sino que son muchas las posibilidades de que al final de cuentas el Instituto Federal Electoral deba intervenir para preparar y calificar esa elección.

Y no nos referimos a las consecuencias del pleito que por meses ha ocupado a los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), sino a una irresponsable indefinición jurídica en la que han participado el Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. ¿De qué estamos hablando?

Primero debemos entender que el nuevo consejero presidente del IEDF, Isidro Cisneros —alfil de Marcelo Ebrard— se reveló como un mago para las pillerías, el autoritarismo, el manejo patrimonialista de un órgano colegiado por excelencia, quien al final de cuentas logró lo imposible: la unificación de todos los consejeros, pero en su contra. Y es que resulta de locos que si todos los consejeros del IEDF cuestionan al presidente del mismo —“por probadas irregularidades administrativas, presupuestales y financieras”—, el señor Cisneros se empeñe en seguir en el cargo.

Pero está claro que el presidente del IEDF no se manda solo. En realidad lo mantiene en el cargo el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. ¿Por qué esa insistencia de Ebrard? Porque a pesar de su probada locuacidad, despotismo, corrupción y excesos políticos y presupuestales —todo lo cual está documentado en una denuncia formulada ante la Asamblea Legislativa por el contralor del IEDF, Miguel Ángel Mesa—, Isidro Cisneros garantiza al jefe de Gobierno el control del proceso electoral del Distrito Federal.

De esa manera resulta que el grosero control que pretende el GDF del órgano electoral y la elección de 2009 no sólo va en contra del espíritu fundacional del IEDF —ya no existe la tal ciudadanización—, sino que convierte a la institución en botín partidista. Además, se pone en riesgo todo el proceso electoral, ya que para recomponer el pleito intramuros, el IEDF acordó remover buena parte de sus cuadros para quitarle el control vertical a Isidro Cisneros. De esa manera, a nueve meses de la elección será imposible hacer el trabajo descomunal que se requiere para garantizar la limpieza, transparencia, certeza y equidad que requiere la elección. Pero el conflicto verdaderamente grave parece localizado en la indefinición jurídica de la elección. ¿Qué quiere decir eso?

Debemos recordar que para todos los ciudadanos “pasó de noche” que cuando el PRD asaltó el Congreso —en rechazo a la reforma petrolera—, los partidos aprobaron reformas constitucionales para ajustar la reforma electoral federal a las leyes electorales estatales, entre ellas, la del DF. Esa enmienda planteaba —entre muchas otras cosas— adecuar en el Instituto Electoral del Distrito Federal los cambios constitucionales que se hicieron al IFE. En pocas palabras, llevar a nivel del DF las reformas federales.

Frente a esa reforma constitucional, la Asamblea Legislativa de la capital del país se apresuró a introducir las enmiendas al Estatuto de Gobierno del DF —que es, a su vez, la Constitución de la capital del país— de tal manera que se ordenaba incorporar al Código Electoral del DF reformas como el cambio escalonado de los consejeros del IEDF y que la presidencia del instituto saliera de la elección realizada entre los propios consejeros, no de la Asamblea Legislativa, como ocurre actualmente. Además de modalidades “duales” para la elección de diputados de mayoría y representación proporcional, y abrir la puerta a los partidos políticos locales en el DF, entre muchas otras enmiendas a la ley electoral local.

¿Pero qué creen que pasó? Poca cosa, que Marcelo Ebrard, el jefe de Gobierno del DF, se negó a publicar en la Gaceta Oficial —equivalente al Diario Oficial— las reformas realizadas por la Asamblea Legislativa, y tampoco hizo observaciones a esa reforma, lo que habría significado que la rechaza. Simple y llanamente la dejó congelada. ¿Y qué quiere decir eso?

Pues que hoy nadie sabe si las elecciones del DF se llevarán a cabo conforme al Estatuto de Gobierno del DF, vigente en materia electoral, o si habrá de observarse lo que dice la ley electoral del DF o, en el extremo, se deberá recurrir a lo que manda la Constitución de la República. ¿Por qué esa indefinición? Porque para el proceso comicial de julio de 2009, la ley electoral del DF dice una cosa y la Constitución dice otra. Además de que la Constitución ordena otra. ¿A quién le harán caso? Cualquiera puede reclamar la invalidez de la elección. Por lo pronto, la Corte ya falló a favor de que el IFE se haga cargo de las elecciones del DF. Al tiempo.