El gobierno del presidente Calderón, y con él el país todo, se enfrentan a una de las etapas más complicadas y críticas en términos económicos y sociales que se recuerden en los últimos años. Aunque las condiciones macroeconómicas son distintas y la economía es más estable, no son pocos los analistas y expertos que empiezan a encontrar paralelismos entre la crisis que ya comenzó en México —derivada del contagio desde Estados Unidos y el resto del mundo— y la mayor debacle económica que haya vivido la nación: la desastrosa crisis de 1995.

Del optimismo exacerbado que hasta hace unos días mostraba el gobierno federal —entre el “catarrito” de Agustín Carstens y la “economía fuerte” que presumió el presidente en Wall Street—, las autoridades pasaron a un discurso mucho más crudo y realista. Por un lado, reconocen la gravedad de la situación y la tendencia a una agudización, y por el otro, alertan y advierten a la población a que comience a tomar medidas en su microeconomía para enfrentar los severos problemas que ya comenzaron.

Preocupa que los economistas del gobierno no hayan dimensionado desde el principio el tamaño del impacto que venía del otro lado del río, y que hoy tengan que cambiar, de emergencia, las expectativas macroeconómicas del próximo año. Pero se entiende que a todos en el mundo —incluida la previsora Comunidad Europea— los sorprendió la avalancha que comenzó en el imperio.

Sin embargo, no es en el manejo económico donde se ubica la debilidad de este gobierno; esa es y ha sido quizá su mayor fortaleza. En lo político y en lo social es donde está la principal preocupación por esta crisis.

La manera en que el deterioro económico afectará a los más pobres y a la endeble clase media, mezclada con la crisis ya existente en la seguridad pública y la desbordada violencia del narcotráfico, formarán un coctel que pondrá a prueba la viabilidad y la capacidad de la administración calderonista para sortear esta etapa.

¿Puede el Presidente enfrentar el vendaval que ya comienza con su equipo actual de colaboradores? ¿No sería momento de pensar en la conformación urgente de un gabinete de crisis?

NOTAS INDISCRETAS… La fuga hollywoodesca del secuestrador Ángel Cisneros, alias El Flaco, revivió las pugnas entre la SSP de Genaro García Luna y la PGR de Eduardo Medina Mora. En la AFI hay malestar por el trato dado a sus tres compañeros que custodiaban al secuestrador que se escapó del Hospital de Xoco. Afirman que los tres agentes federales presos en el Reclusorio Norte por esa fuga no son los únicos responsables. Y culpan también a Nicandra Castro, titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR, porque fue ella quien, extrañamente, ordenó que al secuestrador —capturado por los afis el 27 de septiembre en la delegación Álvaro Obregón— se le llevara al Hospital de Xoco, en lugar de internarlo en la Torre Médica, un hospital privado a donde siempre llevan a presuntos delincuentes arraigados. La misma SIEDO, de la que depende Nicandra, dispone, por cuestiones de seguridad, el uso de ese hospital privado, pero la funcionaria ordenó que a Cisneros lo trasladaran al saturado e inseguro hospital público. Fue ahí donde los agentes, Alejandro Reza Román, Armando Ramírez García y Erick Israel Espinoza Campos, cometieron el error de no verificar que la sala de radiología tenía dos salidas y se quedaron esperando en una puerta a que sacaran al secuestrador, cuando éste ya se había escapado. Pero en la AFI insisten en que ellos no son los únicos responsables y piden que Nicandra explique por qué decidió cambiar el hospital para el arraigo del secuestrador… El jefe del Estado Mayor Presidencial, Jesús Javier Castillo, fue denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por “abuso en sus funciones” en contra del joven Mario Virgilio Jiménez. El viernes pasado, en Palacio Nacional, este estudiante le gritó al Presidente: “¡Libertad!, ¿cuál libertad? ¡Aquí no hay libertad!”, justo cuando Calderón hablaba de la libertad de los jóvenes mexicanos, y eso bastó para que los militares lo detuvieran y lo consignaran a una patrulla del gobierno capitalino. El grito de Mario Virgilio fue opacado por el otro grito, el de Andrés Gómez, que se llevó los reflectores y al que, según un análisis jurídico de la Presidencia, lo detuvo el EMP por “insultos y ofensas a una autoridad”. Pero la pregunta que se hacen los denunciantes y que fundamenta la queja contra el general Castillo parece lógica: ¿cuál fue la ofensa de Mario Virgilio para que lo detuvieran los militares?... Dudan los dados. ¿Serpiente o escalera?