Una verdadera batalla es la que libran algunas empresas de comunicaciones en la Cámara de Diputados para evitar que se apruebe el cambio que propuso la Secretaría de Hacienda para el cobro del derecho por el uso del espectro radioeléctrico estableciendo una sola cuota o pago único al recibir la concesión o en su prórroga se haya o no utilizado la concesión.

Actualmente existen tres tipos o regímenes de pago: el que comprende a las concesiones o permisos otorgados previos a la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1997, que pagan una participación a favor del Estado; el que comprende a las concesiones otorgadas desde la publicación de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2003 que efectuaron un pago único; y el que aplica a partir del 1 de enero de 2004, en el que se estableció un precio de referencia para las licitaciones que es muy bajo porque en opinión de la SHCP no refleja el valor real del mercado.

Lo que busca la Secretaría de Hacienda es unificar el cobro del espectro, porque las tres metodologías han generado distorsiones y varias empresas han ganado amparos en contra del fisco por violación al principio de equidad tributaria porque por el mismo uso del espectro hay empresas que sí pagan sus derechos mientras frente a las que no lo hacen porque ganaron los amparos.

La propuesta de Hacienda es que la nueva cuota que entrará en vigor en enero próximo considere entre otros aspectos el plazo de las concesiones o permisos; el tipo de bandas o frecuencias; la cantidad de megahertz asignados; la región en que éstos se utilicen; los servicios autorizados; las referencias internacionales; y las operaciones entre particulares que indiquen el valor actual del espectro.

Aunque de inicio no se eliminarán los tres regímenes de pago, Hacienda pretende un transitorio para que el pago único se aplique también a los concesionarios o permisionarios que aún con concesiones o prórrogas previas a enero de 2009 opten en forma voluntaria por el nuevo esquema de pago.

La de Hacienda es desde luego una propuesta lógica, ya que al establecer un solo pago por el mismo uso del espectro elimina las distorsiones de mercado y permite generar más ingresos para el fisco, pero las empresas afectadas por esta medida, que son las que han ganado amparos están realizando una muy intensa campaña de cabildeo entre legisladores para mantener su régimen de excepción con el argumento de que el nuevo esquema de cobro de derechos puede frenar las inversiones en un entorno económico de recesión e incertidumbre.

Sin embargo, lo que está en juego son varios millones de dólares, sobre todo por parte de las empresas que han ganado litigios y entre las que cabildean en forma más intensa en la Cámara de Diputados están Iusacell y MVS. Lo que sorprende es que la oposición a este nuevo esquema de cobro se está generando entre legisladores no sólo del PAN, mientras que por parte del PRI hay diputados como Jorge Stefan Chidiac.

La semana próxima será decisiva en este cabildeo porque la fecha límite para aprobar el presupuesto de ingresos en la Cámara de Diputados vence el 15 de octubre.

LEY DEL ISSSTE BAJO RESPUESTA

Como ya se sabe, el próximo 14 de noviembre vence la prórroga que otorgó el ISSSTE que dirige Manuel Ángel Núñez para que todos los burócratas definan si se van a jubilar de acuerdo a la nueva Ley o bajo el esquema anterior. La respuesta hasta ahora ha sido muy baja, pero ello se debe por un lado a que hubo un retraso en el envío de cartas a los 2.8 millones de burócratas con sus datos del bono de retiro que les corresponderá si aceptan jubilarse bajo la nueva ley y que será depositado en su cuenta individualizada.

Se espera que la mitad de los burócratas, es decir, alrededor de 1.4 millones, no escogerán por desidia o por ignorancia, por lo que permanecerán en el sistema viejo. Un pronóstico conservador estima que de los que sí elijan alrededor de 700 mil burócratas no más de 50% optará por el nuevo esquema es decir no más de 350 mil trabajadores.

En este sentido, la nueva afore Pensioissste que iniciará operaciones en diciembre no tendrá más de 500 mil afiliados, considerando los que sí opten por la nueva ley y los trabajadores de nuevo ingreso que esos sí entran directamente a la nueva Ley.

Aún bajo este muy conservador pronóstico, la nueva Ley del ISSTE representará para las finanzas gubernamentales un ahorro de alrededor de 25% del PIB en los próximos años, principalmente porque se desactivó la bomba de tiempo que representaba el financiamiento de las pensiones de los nuevos trabajadores.