El Informe de la OCDE 2007 sobre México (la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo hace un informe anual de los países miembros) tiene un doble interés: por la relevancia de la Organización; y porque es el primer análisis sobre México estando al frente de la OCDE un mexicano: el ex secretario de Hacienda, Gurría. De ahí, por tanto, el interés supletorio del documento.

En la página 107 se analiza la situación del estado de derecho en México. Dice: “De acuerdo con el indicador de estado de derecho del Banco Mundial, México se clasificó por debajo del promedio de 207 países sin mejorías entre 1998 y 2005. Las mejorías en el estado de derecho representan grandes ganancias para México, incluyendo las generadas por medio de mayores flujos de Inversión Extranjera Directa. En este contexto, la prioridad del gobierno en torno a mejorar la seguridad y el estado de derecho en México es importante en su estrategia de desarrollo. Debería continuar incluyendo medidas para mejorar la seguridad pública y reducir el crimen, en especial mediante disminuciones en la corrupción y aumentando la capacidad en la obligación del cumplimiento de la ley…”. No sólo el crimen, sino la corrupción. Se olvida.

Leía ese importante párrafo cuando recibí el Índice de Percepción de la Corrupción 2008 de Transparencia Internacional. En la lista México aparece en un grupo, situado en el lugar 72, es decir: Bulgaria, Macedonia, Perú, México, China, Surinam, Trinidad y Tobago y Swazilandia. Una compañía nada confortante. El siguiente, el 80, es Brasil.

Canadá y EU tienen lugares más o menos decorosos, el 9 y 18, respectivamente. Los banqueros de EU merecerían la lista negra.

Al examinar los indicadores del World Economic Forum (The Global Competitiveness Report 2007-2008) queda uno impresionado. Se acepta que una institución básica del estado de derecho es la independencia judicial. Sobre ella gravita la confianza en la ley y, en consecuencia, la convivencia. En ese capítulo, Judicial independence, México es situado, de 131 países evaluados, en el puesto 75.

En orden al estado de derecho, un capítulo fundamental para la valoración, la define, en una sociedad dada, la “Eficiencia de la estructura legal”. En ese aspecto, Efficiency of legal framework, México desciende hasta el puesto 96; Venezuela es el país último, el 131. En el capítulo “Costos del crimen y la violencia para los negocios”, la evaluación de México es mala: 119. No quiero imaginar cuál será en 2008-2009, pero en el informe 2007-2008, en orden al “Crimen organizado”, México es el país 120. Los cinco últimos, del 127 al 131, son: Venezuela, Guatemala, Chad, Jamaica y El Salvador. Para todos los ciudadanos, no sólo los vestidos de blanco, la seguridad en los servicios policiacos es fundamental para la convivencia. En ese grupo México es el país 119. Aún no se podía evaluar lo que hoy vivimos.

Otro aspecto relevante del World Economic Forum se refiere a la calificación de cada país respecto a las dificultades que se suscitan para hacer negocios. En el caso de México, la corrupción aparece en el segundo lugar. En efecto, respecto a The most problematic factors for doing business, la primera afirmación sobre México es: “La ineficiente burocracia gubernamental”. La tercera valoración es la dificultad para el acceso al crédito y sólo, en quinto lugar, aparece el “Crimen y el robo”. La “inadecuada educación de la fuerza del trabajo” es otra dificultad en la materia. Lecturas obligatorias. No se hacen.