Demuestra que los disparos salieron de policías

A casi dos años del asesinato del periodista Brad Will —en enfrentamiento entre policías de Oaxaca y la APPO en octubre de 2006—, la CNDH documentó que el gobierno de Ulises Ruiz actuó de manera ilegal, deshonesta, ineficaz y parcial para desviar la atención sobre los responsables del crimen.

Del análisis de la recomendación que emitió la comisión el pasado viernes —enviada a la PGR, al gobernador Ruiz y al Congreso local— se desprende que todas las instituciones de ese gobierno se prestaron a justificar la versión oficial de que Will fue asesinado por sus propios compañeros de la APPO. Todo para encubrir al presunto criminal que, según las evidencias de esa profunda investigación, se encontraba entre los policías municipales que intercambiaban fuego cruzado con la APPO.

La recomendación que firma el ombudsman, José Luis Soberanes, sugiere a Ejecutivo y Legislativo estatales intervenir no sólo para reponer los procedimientos e indagatorias que esclarezcan el crimen, sino ejercer “la probable responsabilidad penal” y “administrativa” de los servidores públicos participantes en las indagatorias y durante la averiguación previa con la que el gobierno de Ruiz intentó encubrir a los presuntos responsables.

PGR, EN DUDA

Conforme a sus atribuciones, la CNDH desmorona con evidencia científica el montaje del gobierno de Oaxaca y una poco seria indagatoria ordenada por la PGR. Demostró que los disparos que quitaron la vida al periodista de EU provinieron de una misma pistola —38 especial— disparada no como se empeñó en hacer creer el gobierno de Ruiz —a corta distancia—, sino entre 35 y 38 metros del lugar donde se encontraba Will. Los dos disparos salieron del mismo lugar donde se encontraban los policías municipales que respondieron la refriega con fuego cruzado ese 27 de octubre de 2006.

Por ello, la CNDH también envía una recomendación severa al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, a cuya Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas no sólo desmiente sino exhibe como una instancia poco seria, que realizó un trabajo incompleto, sin coordinación y que “tampoco proporciona una conclusión contundente sobre cómo sucedieron los hechos, principalmente, respecto de las circunstancias en que Will recibió el segundo disparo y la distancia a la que se realizaron los disparos que le ocasionaron la muerte”.

La CNDH recomienda a Medina Mora que el MP “agilice las investigaciones... garantice el análisis de los indicios, evidencias y elementos de prueba... y considere los que han proporcionado los peritos pertenecientes al International Forensic Program de Physicians for Human Rights... que permiten determinar la mecánica y dinámica de las lesiones que ocasionaron la muerte de Will”. En pocas palabras, que por una razón que no se sabe, la fiscalía no sólo es una instancia ineficaz y poco seria, sino que se habría prestado a solapar el crimen.

COMPLICIDAD DE ULISES

El 27 de octubre de 2006, cuando el conflicto de la APPO y el gobierno de Ruiz vivía su momento más tenso, se produjo un enfrentamiento entre policías del municipio de Santa Lucía del Camino, conurbado a la capital. Policías y appoístas intercambiaron disparos y de manera repentina cayó abatido Brad Will, quien cámara en mano grabó su crimen. Fue auxiliado por simpatizantes de la APPO y civiles, y murió poco antes de llegar al hospital, ya que recibió un balazo en el pecho.

Su muerte fue la gota que derramó el vaso de un conflicto que se dejó escalar por los gobiernos estatal y federal, todo ante el crecimiento de un grupo magisterial que pronto rebasó a los mentores y se vinculó con sectores cercanos a grupos guerrilleros como la APPO. Oaxaca vivía una guerra civil que le llevó a la ruina económica, política, social y educativa. Al final, desde el gobierno federal se ordenó la intervención de la policía, cuando el costo era ya incalculable.

En ese escenario, y según las investigaciones de la CNDH, Ruiz se empeñó en defender un grosero montaje para hacer creer a todos que Will había sido asesinado por sus propios compañeros. Existe incluso un video alterado con el cual se intenta demostrar la especie. Pero una investigación de Soberanes demostró que desde que fue asesinado el periodista, MP, peritos, médicos legistas y todo el aparato judicial de Oaxaca se prestó a exonerar a los presuntos responsables. Se hizo todo por ocultar y exonerar a responsables del crimen, que están entre el grupo de policías que aparecen en los videos y que respondían el fuego cruzado con la APPO.

LA FARSA MEDIÁTICA

Además del trabajo de la CNDH, la recomendación sobre el crimen de Will contiene un apartado demoledor sobre el manejo tendencioso, distorsionado y confuso que promovió el gobierno de Ruiz. Filtraciones, declaraciones oficiales, entrevistas banqueteras, supuestos videos confidenciales y burdas maniobras mediáticas que suman evidencias sobre un manejo mediático que pretendió todo menos informar.

El gobierno de Ruiz no sólo desvió la investigación, torció la ley, solapó a los criminales, sino que tendió una cortina de desinformación para hacer creer que la procuración de justicia en Oaxaca es de primer mundo. Y todo resultó ser una gran mentira que quedó al descubierto por una minuciosa investigación de la CNDH.

¿Y EL CASTIGO A ULISES?

Queda claro que el presunto criminal del periodista Will estaba entre los policías que dispararon contra la APPO. Las autoridades deberán localizarlo para hacer justicia. ¿Pero quién será capaz de castigar a Ruiz, promotor de una investigación alejada de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que reclama el desempeño del servicio público? Nadie, porque la impunidad gobierna al Estado.