Ignacio Ramírez, conocido como El Nigromante, nació en 1818. Su padre, Lino Ramírez, federalista, fue partidario de las reformas de Gómez Farías que anticiparían las Leyes de Reforma de Juárez. Ello, sin más, se olvida. Su hijo, Ignacio Ramírez, definido como ateo y jacobino, tiene escritos que obligan a repensar su biografía. Uno de ellos, firmado el 16 de octubre de 1867 —La Muerte de Maximiliano— lo ratifica. Después de condenar las guerras del Imperio señala que el Partido Progresista, “despreciando la desatinada grita de Europa tiene un profundo respeto a sus propias convicciones”.

¿Cuáles? Las explica: “Arengando a la tropa y al pueblo hemos salvado a los principales reaccionarios de Hermosillo. Cumplimos así con la Constitución de 1857, que hemos jurado…”.

Añade: “Pero ¡matar a un hombre con las formalidades de un juicio! No culpamos al Consejo de Guerra; sus miembros tenían obligación de obedecer; pero el superior y el gobierno, a quienes se permite y toca deliberar, ¿buscaron la venganza? Eso es indigno. ¿Quisieron imponer un castigo? La primera de las leyes, la Constitución, protegía la cabeza del reo. ¿Procuraron impedir un nuevo crimen de parte de Maximiliano? ¿Sabían, por ventura, que volvería al trono de México? La Europa y el criminal no les merecían ninguna consideración, pero debieron respetar la Constitución que les ha concedido las armas para salvarla y no para corromperla. Salvando a Maximiliano y sus cómplices en nombre de nuestro Código, ¡con cuánta admiración hubiera sido proclamada como divina la primera ley que contiene palabras de vida para nuestros enemigos… Si los que convirtieron las tablas de la ley en una piedra de sacrificios como la de Huitzilopoxtli pueden, consultando con su conciencia, jurar que han salvado a la patria, dignos son de respeto por sus servicios, y de piedad porque la suerte los condenó a tan duro ministerio; levanten con mano firme el corazón de la víctima y declaren los agüeros de su propia fama ya que la patria no necesita de tan funestos auspicios…”.

Leyéndole, al Nigromante, que dijo que no creía en Dios, pero parece lo contrario y su respeto a la ley conmociona, pensaba si había leído, él, a su vez, la memorable carta de Víctor Hugo a Juárez (28 de mayo de 1867) en la que le pedía no condenara a muerte a Maximiliano: “… Usted viene de vencer las monarquías con la democracia. Después de ese golpe del rayo, revelad la aurora. Al cesarismo que masacra, mostrad la república que deja vivir. A las monarquías que usurpan y exterminan, mostrad al pueblo que reina y se modera. A los bárbaros mostrad la civilización. A los déspotas mostrad los principios”.

De principios hablaba El Nigromante. En el mismo año, en un texto titulado El Atentado, El Nigromante condenaba otros horrores: “Hemos oído al general Ortega que en el estado de Zacatecas, en los tres años de la revolución por la Reforma, fueron ejecutados más de 2 mil ladrones; será mucho suponer que desde la Independencia hasta nuestros días ha matado la Justicia a razón de mil por año: ¡46 mil ajusticiados por robo! ¡Y los robos continúan! Nosotros también hemos creído que el terror era una medicina. Las autoridades militares, en tiempos de guerra, tienen necesidad de ensangrentarse no sólo cuando pelean, sino cuando juzgan, pero en la paz, cuando la miseria pide un pan a la misma muerte, ¡46 mil cadáveres dicen a sus jueces: Nosotros, ladrones, vosotros asesinos!”.

Esas impresionantes palabras del Nigromante, nos plantean, conciencialmente, ante la tragedia de los secuestros, un tema capital: si las penas más implacables contra los delitos, que pueden incrementar el posible autoritarismo de lo arbitrario ¿pueden imponerse antes de que los ciudadanos estén convencidos de la existencia, incorruptible, de la Justicia ordinaria?