Lo dramático del asunto es que a escasos cuatro meses de la guillotina pactada en la negociación del acuerdo mercantil, el gobierno no ha movido un dedo para blindar la posibilidad de “chatarrización” del país y, de pasadita, bombardear los proyectos de protección al medio ambiente.

De hecho, del otro lado de la moneda la posibilidad de reciprocidad se vuelve quimera, toda vez que en la nación de las barras y las estrellas sí existen rígidos programas para certificar las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en la fase previa a su importación al país.

Está en chino, pues, que pudiera ingresar un solo vehículo mexicano usado por la frontera… mientras de allá para acá nos envían toneladas.

Ahora que el problema lo tenemos desde hace tres años, cuando, en una más de sus proverbiales locuacidades, el ex presidente Vicente Fox decidió abrir de par en par la frontera norte del país, tras aceptar la posibilidad de regularizar los llamados vehículos chocolate.

Se diría, pues, que el gobierno adelantó la apertura sin exigencia mínima de reciprocidad en algún otro terreno.

Así nada más, por sus puras pistolas… de fulminantes.

El alud permitió el ingreso al país de 3.1 millones de vehículos, la mayoría con 10 años de antigüedad, que tenían prohibido circular en su propio país, al no cumplir con las normas sobre emisión de contaminantes.

Más aún, la “genialidad” del hombre a cuyo ejemplo se pretende “guanajuatizar” al país le abrió la puerta a intermediarios clandestinos con perfil de coyotes, en un escenario en que tras el fracaso estrepitoso del Renave (Registro Nacional de Vehículos), no existe control alguno de series, números, antecedentes…

Cuántos de esos vehículos estaban involucrados en delitos; cuántos salieron de los deshuesaderos para pasear los paisajes de México…

Solamente en el segundo trimestre de 2006 se introdujeron al país 145 mil 687 vehículos, cifra que al mismo lapso del año siguiente aumentó a 203 mil 417.

De acuerdo con una medición realizada por el Centro Mario Molina, Ciudad Juárez, es decir, la principal puerta de entrada al país de vehículos chatarra de Estados Unidos, es la urbe más contaminada del planeta.

Sus emisiones de hidrocarburos alcanzan 0.25 partículas, en tanto las de la ciudad de México llegan a 0.1; las de Los Ángeles a 0.05; las de Milán a 0.03, y las de Hong Kong a 0.02.

La novedad, además, es que la mayor parte de los vehículos que llegan al país son de ocho o seis cilindros, cuyas emisiones de monóxido de carbono alcanzan los mayores niveles.

Más aún, la antigüedad de éstos data de 1988.

Para decirlo con todas las letras, un vehículo de ese año de ocho cilindros puede alcanzar hasta 6,000% más de emisiones que uno de 2008.

Naturalmente, la “chatarrización” ha provocado un aumento desmedido en el consumo de gasolina… subsidiada.

Se calcula que el “apoyo” para los 3.1 millones de vehículos que han llegado al país alcanza 31 mil 185 millones de pesos, para un consumo de 10 mil 395 millones de litros.

De hecho, al primer cuatrimestre del año el consumo de gasolina resultó 19% superior al mismo lapso de 2005, cuando los delirios foxistas abrieron la frontera.

Naturalmente, el alto precio de la gasolina en Estados Unidos explica parte de la catarata… de vehículos de mayor cilindraje.

Y aunque en los primeros meses del año el gobierno actual intentó enmendar el yerro endureciendo los requisitos para la importación, con lo que se logró abatir 48% el flujo al segundo trimestre del año, lo cierto es que éste alcanzó 105 mil 293 vehículos.

Peor aún, el decreto modificatorio del “He-dicho” foxista termina, decíamos, el primer día el año próximo.

La catarata, pues está de vuelta.

Dios nos agarre confesados.

Balance general

Los tambores de guerra están sonando al interior del Consejo Nacional Agropecuario, ante la pretención del gobierno de focalizar los subsidios que se otorgan a los productores agrícolas vía el programa Procampo, hacia las parcelas pequeñas.

La intención, según ha trascendido, es abrir en un polo de desarrollo en el sureste del país, promoviendo la siembra masiva de tierras tradicionalmente semiutilizadas.

El problema es que éstas en su mayoría están erosionadas al sembrarlas en forma obsesiva de maíz, sin más recurso que las manos de los agricultores.

Y el problema, naturalmente, es que parte de la producción en entidades federativas como Sonora y Sinaloa se apuntala en el subsidio.

De hecho, las muletas permitieron a esta última obtener una cosecha récord de maíz, con lo que se logró equilibrar la oferta nacional y en la carambola evitar un alza de precios que parecía incontenible.

El alerta del organismo surgió tras la confección de la propuesta de presupuesto para el año próximo que planteará la Secretaría de Agricultura, que encabeza Alberto Cárdenas.

El griterío será de antología.

No hay luz verde

A contrapelo de las versiones difundidas en los últimos días, la Comisión Federal de Competencia no ha recibido solicitud alguna para una eventual integración o fusión de Aeroméxico y Mexicana de Aviación.

De plantearse ésta, empero, la dependencia mantendría intacta su negativa planteada en la antesala de la privatización de una y otra líneas aéreas, y reiterada a la pretención de los dueños de Mexicana de Aviación para participar en la licitación por Aeroméxico.

El rechazo se mantendrá vivo hasta que existan condiciones reales de competencia en el país, empezando por ampliar la capacidad de aeropuertos, cuya limitada extensión propicia la exclusividad de las líneas aéreas.

Sí se pudo…

¿Se acuerda usted de la gran colecta nacional que se realizó al impacto de la tragedia que vivió Tabasco el año pasado tras el desbordamiento del río Grijalva? Bien, pues el esfuerzo ya dio frutos.

La semana pasada se entregaron 437 viviendas a los damnificados en un primer paquete, seguido de otro más de 50, de un total de 700, cuyo costo unitario se estima en 107 mil pesos.

En la tarea participó activamente el Banco Santander, en alianza con Provivah, además de las organizaciones Unidos por ellos, la Fundación Kaluz y el grupo Holcim Apasco.

La aportación del gobierno federal fue de 530 millones de pesos para adquirir 170 hectáreas en zonas altas del municipio Centro, a las que se dotó de servicios básicos.

El gobierno estatal aportó a su vez 38.5 millones.

La coordinación estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda, que encabeza Carlos Gutiérrez Ruiz.