La tensa espera de una decisión desde Los Pinos mantiene a José Luis Santiago Vasconcelos en el limbo. Ya renunció públicamente a su cargo de subprocurador de Asuntos Internacionales y Jurídicos de la PGR, pero no se va físicamente de la posición por una razón tan sencilla como macabra: no puede quedar sin la protección de un cargo público porque su vida corre peligro y está amenazada por los narcotraficantes.

Un ex fiscal antidrogas, que trabajó al lado de Vasconcelos, lo dice así de llano: “En tres minutos, fuera del gobierno, lo liquidan”. Se sabe de al menos dos atentados frustrados en contra del que fuera encargado de la lucha antidrogas en el sexenio foxista; uno de ellos el 18 de diciembre pasado, cuando cinco sicarios al servicio de El Chapo Guzmán, que preparaban una emboscada cerca de su domicilio, fueron detenidos con armas de alto poder, en el sur de la ciudad, por patrulleros de Seguridad Pública local.

Dos opciones analizan en la casa presidencial para Santiago Vasconcelos: enviarlo como subsecretario o coordinador jurídico a alguna dependencia federal, o mandarlo, como él pide, a una posición diplomática o de agregaduría a cualquier ciudad de EU. Lo que descartan completamente en PGR son las versiones de que podría ser nombrado “fiscal antidrogas”.

Vasconcelos sabe que en el país del norte es donde estaría más seguro. Sus contactos de alto nivel con la DEA, el Departamento de Estado y el Pentágono, junto con la información que posee del narcotráfico, le garantizarían que, además de la protección del gobierno mexicano, pudiera sentirse cobijado por las instancias estadounidenses con las que colaboró ampliamente en los últimos años.

No es casual que en el año y medio que ejerció como subprocurador jurídico de la PGR se concretara la extradición de 170 narcotraficantes, varios de ellos capos de primer nivel, la mayoría de los cuales fueron entregados a Washington por el gobierno mexicano.

Cuando fue nombrado primer titular de la poderosa SIEDO, en 2003, José Luis Santiago tuvo el aval no sólo de los militares mexicanos con los que tiene fuertes nexos, sino también de Washington y la DEA, a donde fue a cabildear su nombramiento.

Nombres como Osiel Cárdenas, Amado Carrillo, Juan García Ábrego, Héctor El Güero Palma, Joaquín El Chapo Guzmán o Benjamín Arellano Félix, al que detuvo en marzo de 2002, están en la larga lista de criminales, enemigos o conocidos, del ex subprocurador en su trayectoria de 20 años en la PGR. ¿Qué esperan para darle un cargo que le brinde protección?

NOTAS INDISCRETAS... Ver a Manuel Bartlett codo a codo con la izquierda que antes combatió desde el viejo sistema, no sólo es surrealista; también provoca comentarios y murmuraciones dentro del PRI, donde hay voces que cuestionan que el ex gobernador poblano trabaje con Andrés Manuel López Obrador y el FAP en su propuesta energética. Bartlett se defiende argumentando que la comisión que encabeza es “heterogénea, no partidista”, y acuden expertos, académicos e intelectuales de distintos signos. “Nadie me ha llamado para decirme qué voy a decir, ni tampoco que debo de apoyar la propuesta de Beltrones”, dice y no duda de su militancia ni cree traicionar al PRI porque defiende, afirma, el “nacionalismo energético”. Eso sí, Bartlett confirma que irá como delegado del PRI de Puebla a la Asamblea Nacional priísta el 22 de agosto en Aguascalientes donde, advierte, dará pelea contra la iniciativa presentada por Manlio Fabio. “Espero que no actúen como gánsters tratando de silenciar voces en la Asamblea, que haya tribuna libre y permitan la discusión”, lanza el ex secretario de Gobernación... Un caso más que cuestiona los métodos del Ejército en el combate al narcotráfico se dio en la comunidad zapoteca de Santiago Lachivia, Oaxaca, el pasado 5 de agosto. Unos 120 campesinos que salieron a hacer labores para el tequio se encontraron con militares que hicieron disparos al aire para detenerlos; la gente se asustó, corrió y empezó el tiroteo con saldo de dos muertos y un herido. Esos hechos fueron denunciados ayer en la tribuna de la Comisión Permanente por el senador oaxaqueño Adolfo Toledo, quien pidió que la Sedena investigue y detenga a los responsables, además de demandar la intervención de la CNDH… Dos alcaldes mexiquenses, Adrián Fuentes, de Huixquilucan, y José Luis Durán, de Naucalpan, violaron flagrantemente la ley electoral al promocionar sus nombres en publicidad de sus recientes informes de gobierno. ¿Y el IFE? Bien, gracias… Los dados mandan serpiente. Falló el tiro.