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¿Sabe o no sabe?
El Duende Preguntón
El Universal

Martes 05 de agosto de 2008



Al diputado Emilio Gamboa le salió el cavernícola que todos llevamos dentro. Molesto, indignado como están muchos mexicanos por los recientes secuestros que sacudieron a la sociedad, se aventó una propuesta que levantará polémica. “Pena de muerte para los secuestradores”, dijo el coordinador de los diputados del PRI, que sorprendió con una declaración que sale de los cánones de lo políticamente correcto.

¿Qué piensan ustedes, pajarracos? Apoyan la propuesta de Gamboa o les parece que el priísta se dejó llevar por el hartazgo colectivo ante el dramático secuestro y asesinato de un adolescente de 14 años, hijo de un prominente empresario.

Haiga sido como haiga sido, pajaritos —como diría Calderón—, no es común que a un congresista mexicano de ese nivel se le escuche una propuesta de ese tipo. Gamboa no es ningún improvisado, es uno de los especímenes más acabados de lo que llamamos pomposa, y algo ilusamente, nuestra “clase política nacional”.

Puedo entender la rabia que llevó al diputado a soltar, a título personal, según aclaró, semejante propuesta que para muchos puede sonar a barbarie. Pero, por lo demás, hay infinidad de encuestas que, sobre todo si se levantan en un momento como éste, arrojarían porcentajes abrumadores de mexicanos que creen que para frenar a la desenfrenada y bien organizada delincuencia hay que aplicar la ley del talión.

Lo que me preocupa, pajarracos, es que el diputado Gamboa sólo haya reaccionado con ese nivel de indignación y hartazgo cuando el secuestro involucró al hijo de un prominente empresario que, conociendo a Emilio, es casi seguro que es amigo suyo. ¿Y el resto de mexicanos secuestrados, pequeños empresarios, comerciantes, hijos o señoras de clase media que son raptados por el crimen organizado para exigir, a veces, rescates no tan altos? ¿Esos no le indignan tanto al diputado porque no tienen el mismo nivel económico y social?

Personalmente no creo que la pena de muerte sea una solución; sí creo que los secuestradores, igual que otros criminales como los pederastas o los violadores de niños o de mujeres, debieran pagar con penas mucho más severas y reales sus abominables crímenes. Incluso dudo a veces que, con todo y lo que desconfío de los humanos, se pueda llamar “humanos” a esos criminales que cometen tal nivel de aberraciones y que dañan y destrozan las vidas de personas, de inocentes o de familias enteras.

Creo en todo caso que la pena de muerte puede esgrimirse, pajarracos, como una forma de dar “satisfacción” —lo digo así, entre comillas—, a familiares o amigos de víctimas de crímenes crueles y dolosos que al ver muerto al criminal, sientan que se aplicó un “castigo proporcional” al crimen cometido.

Pero no me convence el argumento —y eso lo demuestran las estadísticas en todos los países o estados que imponen desde hace décadas la pena de muerte— de que la aplicación de esa clase de castigos ayuden a reducir los delitos o desalienten a los criminales a cometer sus abominables actos. Basta ver estados de la Unión Americana, como Texas, donde los asesinatos crueles no paran por más ejecutados que cada año mueran en las cárceles texanas.

Por otra parte, pajaritos, como le decía yo a La Mafufa que sí es partidaria del “ojo por ojo y diente por diente”, en un sistema penal y judicial como el mexicano, plagado de ineficiencia, corrupción e impunidad, ¿se puede confiar en los jueces que se encargarían de aplicar la pena de muerte? Si las cárceles de todo el país están repletas de inocentes, pobres e ignorantes que no pueden o no saben defenderse y la justicia sólo alcanza a los que pueden pagar por ella, ¿qué nos garantiza que el patíbulo no acabaría sólo ocupado por los que no pudieran comprar justicia?

En todo caso, pajarracos, Gamboa reabrió un debate que no es nuevo en México y que ya en años recientes, lo mismo en los aciagos 90 que en la oleada de secuestros de 2004 resurge cíclicamente y expresa finalmente el coraje y la impotencia de millones de mexicanos cansados, hartos de un gobierno ineficiente y de un Estado que no cumple con su obligación primordial que es garantizar la seguridad de sus ciudadanos.



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