Carlos María de Bustamante, nada sospechoso, en el tomo II de Continuidad del cuadro histórico —en 1806 ya era abogado y después fue de los primeros diputados de la Independencia a más de ser importante “escribidor” de Morelos— vuelve a insistir en la significación de la justicia en un estado de derecho. Al hacer un análisis de la Constitución de 1836, advierte y no lo lean como si fuera hoy cuando los caminos y la propiedad “están seguros”. Bustamante decía, entonces:

“Si no hay seguridad en los caminos, ni en los bienes por falta de administración de justicia, esta (ausencia) no viene de la Constitución, sino antes bien, de no cumplirse sus preceptos. ¿Están ya establecidos en todas partes de los tribunales y jueces que ella manda? Pues si no hay jueces o algunos de los que hay no cumplen… forzoso es que ande mal la administración de la justicia y que no tenga el ciudadano la seguridad que debiera. La culpa no es de la Constitución, sino de su inobservancia…”.

¿Qué efectos sociales, sicológicos y éticos tiene sobre una sociedad, de un lado, la inobservancia de la ley y, del otro, —dialécticamente inevitable— la desigualdad de la ley?

Hace unos días desayunaba, con un amigo, en un restaurante. Se me acercó una persona y comentó algunos de mis artículos.

Uno de ellos se refería al dato que proporciona Transparencia Internacional en su documento Corruption in Judicial System.

Señala algo terrible: que más de 40% de los presos no han visto nunca un juez y que la mayoría no sabe por qué está en prisión.

El señor que se me acercó en el desayuno me dijo que era abogado. Me pareció inteligente y lúcido. Me dijo, sin más, que, encima, todos nuestros presos son pobres… y que, los ricos, cuando están presos, lo siguen siendo y teniendo posiciones absolutamente privilegiadas.

Carlos María de Bustamante, uno de los primeros diputados de la Independencia, al analizar la Constitución de 1836 señala que la ausencia de justicia y de seguridad para los mexicanos no era a causa de la Constitución, “sino —señala tajante— de que las leyes no se cumplen”.

Un país estructurado, económicamente, sobre supuestos oligárquicos está condenado, como el petróleo ha hecho ostensible y evidente, a no poder redistribuir el PIB ni acrecentarlo en términos adecuados. Fox prometió un crecimiento de 7% y obtuvo, como promedio, 2.2%. La tasa de “exportación” de mano de obra migratoria vivió una aceleración impresionante.

México, novena economía en tamaño (en términos de PIB per cápita el bajón es considerable) pasó a ser la decimoquinta.

El país petrolero es ya, al margen de las cuentas de Pemex y de sus 152 “tomas clandestinas en los ductos”, un país importador de petrolíferos. En el primer cuatrimestre se han importado 317 mil barriles diarios de gasolina. Si se vinculan, en barriles, el gas natural y petroquímicos, etcétera, la cifra es muy superior y, creciente.

El empresario mexicano, alojado en un sistema económico oligárquico, no puede transformarse ni ayudar al país a hacerlo. La dependencia a un solo mercado convierte, esa dependencia, en un problema cada vez más grave porque, sin más, las compañías que controlan las exportaciones, importan los insumos y, en consecuencia, reducen, año con año, el valor agregado.

Hace mucho tiempo que he acuñado esta frase: “La economía sin valor agregado no es una economía”. En ese espacio estamos.

La geoestrategia de la exportación se centra, como decía Carlos María de Bustamante de la justicia, en la “inobservancia” de los procedimientos esenciales de la seguridad nacional que NO gravitan sobre las fuerzas de seguridad (que tienen su papel, sometido a la ley y las normas jurídico-políticas) sino sobre la capacidad de la sociedad para desarrollar todas sus aptitudes. El petróleo ha revelado esa imposibilidad.