El anuncio de que se congelaría el precio de un conjunto de productos de consumo final realizado por el presidente Calderón la semana pasada causó conmoción en un primer momento.

La pregunta inicial fue si era posible que un gobierno como el que él representa, con paradigmas económicos claramente establecidos, recurriera a las prácticas de control económico ampliamente utilizadas por administraciones populistas en el pasado. Sin embargo, el anuncio fue más mediático que real.

Una vez superado el choque inicial, iba quedando claro que la medida anunciada de ninguna manera significaba un control de precios en el sentido estricto, sino de un acuerdo con un conjunto de productores para tratar de estabilizar el precio de diversos productos que forman parte de la canasta que afecta el bolsillo de un amplio grupo de la población y el indicador de inflación en nuestra economía.

Para que existan controles de precios verdaderos, es necesario que sea una medida que afecte de manera generalizada a todos los productores y vendedores y que el gobierno tenga además la capacidad de supervisar el cumplimiento de dicha medida y, en su caso, ejercer algún tipo de sanción en caso de violación de la disposición. Es claro que esto nunca ha existido de manera efectiva, y menos en la actualidad cuando se ha desmantelado desde hace muchos años la estructura que existía en la antigua Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en términos de inspectores que verificaban y sancionaban estas disposiciones. En la actualidad este tipo de acción sólo podría afectar a los denominados precios administrados, como las gasolinas o el gas L.P., sobre los cuales se tiene aún incidencia gubernamental en la fijación de precios. Pero independientemente de las complicaciones de instrumentación, el mayor problema asociado a este tipo de medidas se encuentra en la gran cantidad de distorsiones que provoca en la estructura económica. La historia en México y muchos otros países ofrece una gran cantidad de ejemplos de cómo al tratar de controlar precios se termina por distorsionar la estructura de incentivos en productores e inversionistas, situación que a la larga conducen a una asignación ineficiente de los recursos y a enormes costos, amén de los mercados negros que generalmente se generan. Probablemente la única justificación de este tipo de medida es utilizarla en el muy corto plazo o de manera temporal ante situaciones de excepción, como sucedió en los países europeos durante los periodos bélicos del siglo pasado. De lo contrario, es enorme la tentación de prolongar su uso.

En realidad lo que está intentando la actual administración es la de buscar acuerdos entre productores y distribuidores que permitan estabilizar en los próximos meses el precio de diversos productos que son importantes en la canasta de consumo popular en un entorno de una economía interna afectada por choques negativos. Un objetivo sería el evitar un deterioro importante en el ingreso y poder de compra de la población de bajos ingresos, pero al mismo tiempo contribuiría a evitar contribuir a un proceso inflacionario explosivo. Esta medida se adiciona a lo ya realizado ante los problemas enfrentados por los precios del maíz y las tortillas el año pasado, y el pan más recientemente y que dieron paso a un acuerdo con las grandes cadenas al menudeo agrupadas en la ANTAD para mantener el precio de estos productos en sus establecimientos, y que dicho sea de paso sí han significado apoyos importantes para diversos grupos de la población. Evidentemente esto no se pudo extender con los pequeños establecimientos, pero seguramente el acuerdo ha evitado un mayor aumento en estos pequeños distribuidores.

Sin embargo, es difícil no creer que esta medida también llevaba un mensaje adicional para la autoridad monetaria, la cual estaba en proceso de definir su postura de política monetaria. El marco era la de un intercambio previo de opiniones sobre el nivel de la tasa de interés de referencia, pero al final quedó claro que en este desencuentro, el Banco de México también envió su señal. Ellos definen la política monetaria. Al final, descontando por los mensajes implícitos en ambas acciones, éstas concuerdan con los objetivos de cada una de las autoridades. El ejecutivo busca minimizar los efectos negativos sobre la población derivados del ciclo económico, y la autoridad monetaria continuará con su lucha contra la inflación.