El documento es un estudio comparativo de sanciones por violación a las leyes migratorias en Brasil, Egipto, Japón, México, Suecia y Suiza, y encontró que todos tienen severas penalidades por ingreso y presencia ilegal, así como por fraude y falsificación de documentos.

El reporte puntualizó que todos los países estudiados tienen sanciones criminales para diversas violaciones migratorias, y de hecho sus leyes "llaman por la expulsión o deportación de extranjeros ilegales, frecuentemente en vez de una penalidad, y la negativa de ingreso a los encontrados en las fronteras".

En ese sentido, agrego, "los mayores marcos de castigo por ofensas migratorias se encuentran en México, con la idea de enfrentar el problema de migración en ruta hacia Estados Unidos".

El reporte fue solicitado por el diputado James Sensenbrenner, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja y autor de una severa ley migratoria aprobada por los diputados en diciembre último, y a la espera de ser negociada y acoplada con la legislación que eventualmente sea aprobada en el Senado.

La aparición del reporte coincide con el creciente debate en Estados Unidos sobre la reforma migratoria, y las manifestaciones de indocumentados y sus aliados para demandar derechos y el camino a la legalización en este país. Un 56% de los indocumentados son de origen mexicano.

La semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, señaló que México había adoptado pasos para ayudar a indocumentados centroamericanos, tanto al facilitar la nacionalización de refugiados guatemaltecos y otros centroamericanos que se hallaban en el país como mediante la realización de un acuerdo de trabajadores temporales con Guatemala.

El estudio consignó que la situación de México "es única" por cuanto mucha de la migración que llega está en camino a Estados Unidos, y que desde 1980 hay una cadena migratoria entre Centroamérica, México y el territorio estadounidense.

"Como parte de esta migración, cerca de un millón de salvadoreños y guatemaltecos cruzó a México y luego hacia Estados Unidos entre 1981 y 1990" para huir de condiciones de pobreza y represión en sus países, precisó.

El reporte consigna que México tiene uno de los castigos más elevados para infractores reincidentes de sus leyes migratorias, con penas de hasta 10 años de cárcel, y castigos de hasta seis años por usar documentos falsos.

El reporte destacó también que las leyes mexicanas prohiben la contratación de indocumentados, si bien la legislación no provee de penas específicas y por lo general se usan penalidades administrativas.

El texto consignó también que México está atento ante posibles fraudes matrimoniales, especialmente a través del Registro Civil, que también es requerido de cuidar del estatus de los registrantes cuando solicitan algún otro tipo de inscripción.

Medidas draconianas

"Con toda esa tempestuosa retórica procedente de los opositores sobre el anteproyecto de una ley ´drástica´ y ´draconiana´ de la cámara... noto que cinco de seis países estudiados, inclusive México, consideran la entrada y la permanencia ilegales un delito penal", destacó Sensenbrenner.

En cuatro de los países -Japón, Suiza, Suecia y Egipto-los empleadores pueden ser condenados de tres meses a tres años de prisión por contratar a inmigrantes ilegales, señaló el estudio.

El proyecto de ley de la Cámara de Representantes, redactado en su mayoría por Sensenbrenner, convertiría la permanencia ilegal en el país en un delito penal.

Ya es un delito menor ingresar ilegalmente al país, y reingresar después de haber sido deportado también es un delito.

La permanencia ilegal en Estados Unidos actualmente sólo es un delito civil.

Después de las protestas callejeras y manifestaciones del mes pasado, el presidente de la cámara, el republicano Dennis Hastert, y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, se comprometieron a que los inmigrantes no serían juzgados en el fuero penal en una versión final del proyecto de reforma migratoria en ambas cámaras, si llegara a esa etapa.

Con información de AP