Los Derechos Humanos y el derecho a una vida libre de corrupción son pilares fundamentales de la función pública. Éstos garantizan la credibilidad del sistema y la acción de todo gobierno en sus tres órdenes: federal, estatal y local. Del mismo modo, ambos tópicos, analizados en profundidad, ayudan a la comprensión de la idea de justicia en la sociedad.

La Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tec de Monterrey ha elaborado el informe “Corrupción y Derechos Humanos”. Estableciendo el vínculo, que pretende contribuir a señalar en la agenda de la política pública y del Estado de Derecho un tema por demás actual en nuestro país y de urgente aplicación. En los últimos años, gobiernos y organizaciones han tomado diferentes iniciativas para reducir la corrupción. Sin embargo, rara vez se ha analizado desde el punto de vista de los derechos humanos.

Una débil protección de los derechos humanos puede favorecer la corrupción, al tiempo que las políticas púbicas que promueven estos derechos pueden evitarla.

De ahí que, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación permite la participación y son vitales en el esfuerzo para combatir la corrupción. En lugares donde los gobiernos permiten el libre flujo de la información, es más fácil identificar y denunciar los casos de corrupción. México debe garantizar las condiciones para que exista una diversidad y pluralidad de medios de comunicación y se proteja la independencia política de los medios de servicio púbico.

Por lo que respecta al derecho a la información, la Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado. Este debe de ser garantizado a todos los grupos vulnerables que carecen de recursos económicos o de los conocimientos necesarios para obtener con éxito información por parte del gobierno.

El informe que se da a conocer hoy, plantea interrogantes como: ¿En qué medida los programas contra la corrupción son compatibles (o incompatibles) con los principios de derechos humanos? ¿De qué manera se debe tomar en cuenta el contexto jurídico e institucional del país? ¿En qué circunstancias resultaría más efectiva la aplicación de las técnicas y los principios de derechos humanos para aumentar el impacto de los programas contra la corrupción? ¿Qué podrían aprender entre sí los profesionales que combaten la corrupción y los que defienden los derechos humanos?

La meta es evaluar cuándo y cómo el uso de los derechos puede mejorar la actuación en ciertos ámbitos; también identificar las limitaciones de una labor anticorrupción basada en los derechos humanos. El objetivo es identificar un marco operativo para aplicar los principios y los métodos a los programas anticorrupción.

El informe profundiza sobre los principales actos de corrupción tal y como han sido definidos por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de la cual México es parte. Analiza cómo el marco de acción puede ser valioso para el trabajo anticorrupción. Se da atención al impacto que causa la corrupción en los derechos de los grupos vulnerables y expuestos a riesgos específicos, donde se incluyen las mujeres y los niños.

Los compromisos que México ha asumido para combatir la corrupción han corrido en paralelo a aquellos que a contraído para promover y respetar los derechos. De conformidad con los tratados internacionales contra la corrupción, las medidas deben ser compatibles con los principios y no afectar los derechos de aquellos que estén implicados.

La corrupción viola los derechos de aquellos a quienes perjudica y tiene un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas, trabajadores migrantes, personas con discapacidad, personas con VIH/SIDA, prisioneros y a los más pobres.

Estamos convencidos que este informe contribuirá a reconocer en qué momento la política anticorrupción en México necesita un ajuste estructural emprendiendo con decisión la marcha a través de la efectividad que la perspectiva y el acercamiento basado en derechos humanos le proporciona.

Profesor-Investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del ITESM