De acuerdo con la Encuesta sobre gobernabilidad y desarrollo empresarial 2005 , realizada a 2 mil 650 empresas por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en estos organismos se obtienen contratos gubernamentales, concesiones federales, créditos por parte del gobierno y se toleran violaciones en materia laboral y ambiental a cambio de pagos extraoficiales a funcionarios.

El sondeo, realizado por encargo de la Secretaría de la Función Pública, señala además que en el país una de cada cinco empresas realiza pagos extaoficiales a legisladores y políticos para influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones para favorecer sus intereses.

Mario Rodarte, director general del CEESP, reconoció que para que haya corrupción debe haber dos partes, por lo que no se exime a las empresas de propiciar este mal.

Destacó que el costo de la corrupción burocrático-administrativa (entre funcionarios públicos y empresas) supera los 40 mil millones de pesos al año; 12 mil millones de pesos se destinan para el pago extraoficial a legisladores y políticos, para lograr favorecer los intereses de las compañías, lo que denomina el organismo captura del Estado .

En los trámites que realizan las compañías, la encuesta señala que entre las instituciones que los empresarios perciben mayor corrupción se encuentra el IMSS, al que acuden 80 por ciento de las firmas que operan en México; de este total, 16 por ciento realizan pagos extraoficiales al organismo y 9 por ciento lo hace al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La encuesta, que se realizó por vez primera en 2003, destaca que los monopolios de empresas públicas (Pemex y CFE) fueron calificados como el peor obstáculo de mercado que limita el desarrollo de las empresas, asignándole una calificación de 3.71, seguidos por los monopolios ejercidos por las privadas (Telmex), con 3.44 de calificación, en una escala de 1 a 7.

El CEESP elaboró un índice de corrupción en el que consideró aspectos de la encuesta tales como el grado de honestidad de las dependencias de gobierno, la incidencia de la corrupción y la frecuencia en que se solicitan las dádivas.

A pesar de estas cifras, Rodarte reconoció que la incidencia de la corrupción ha cedido terreno.