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| PT-Convergencia: el sello AMLO |
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Alejandro Jiménez
El Universal Viernes 03 de julio de 2009 |
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Bajo la consigna de que “la nación ha perdido rumbo”, la coalición de los partidos del Trabajo y Convergencia presenta para estas elecciones una plataforma electoral común, que dice buscar un espacio formal en el Congreso de la Unión para impulsar leyes que reorienten la política económica y rediseñen el Estado democrático mexicano desde la izquierda del espectro político. Los 258 objetivos del documento abordan temas económicos, políticos y sociales, muchos de los cuales son comunes a la retórica de todos los partidos políticos y con los que es difícil estar en desacuerdo: combate a la corrupción; gobierno austero; mejor seguridad pública; incremento del poder adquisitivo del salario; respeto a derechos humanos; educación de calidad; protección al medio ambiente; etcétera. Los matices y las diferencias con otros partidos están en los detalles. En materia de seguridad pública, por ejemplo, parte de un diagnóstico basado en que la política de combate frontal a las organizaciones del crimen organizado emprendida por el gobierno federal es errática y no ha funcionado. A esto la plataforma argumenta que el origen de la delincuencia es la mala política económica, porque considera que ésta es el caldo de cultivo del crimen al alimentar la pobreza y la falta de oportunidades. “En sociedades en las que se promueve el bienestar de todos, sin exclusiones, el crimen disminuye de manera drástica”. Propone una reforma al sistema de impartición y administración de justicia, un sistema penitenciario que en verdad rehabilite a los reos, pero nada de lucha frontal a los cárteles de la droga o a bandas de secuestradores, no propone acciones emergentes en función de un escenario excepcional ni propone reformar el diseño institucional de la seguridad pública. PT y Convergencia son enfáticos en la crítica al modelo económico actual que, dicen, privilegia el afán de lucro y la especulación, provocando desigualdad extrema, beneficio para pocos y altos niveles de desempleo. Se refieren en varios momentos a la defensa de la soberanía energética nacional como prioridad de la plataforma. “El gobierno pretendió subastar los hidrocarburos, patrimonio de México. No permitiremos que las transnacionales desmantelen Pemex y se apropien del patrimonio de todos los mexicanos”. Para estos partidos no hay duda de que el Estado debe ser el efectivo rector de la economía y quien ha de fomentar la recuperación usando el gasto público en infraestructura como el eje del crecimiento. Está por mantener la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas, así como por establecer un nuevo pacto fiscal, que revise participaciones federales a estados y municipios, reconsidere el IETU y corrija el ISR. Considera prioritario voltear los ojos al campo vía el aumento del gasto público en el sector, proteger a las organizaciones campesinas y renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio para hacerlo más equitativo. En participación política su análisis arranca de que el proceso de transición a la democracia en el país quedó trunco con el “fraude” de 2006 y propone una Ley de Participación Ciudadana que induzca en la ley las figuras de consulta directa a la ciudadanía, tales como la revocación de mandato, el referéndum y el plebiscito. Llama la atención su propuesta de crear el Consejo Autónomo Ciudadano de la Comunicación que vigile a los medios, dictamine sobre concesiones y haga recomendaciones sobre su comportamiento para que cumplan con su servicio público y el derecho de réplica. El tema es polémico, en tanto compromete garantías constitucionales como las de libre expresión y manifestación de las ideas. Es evidente la mano de Andrés Manuel López Obrador —artífice y nuevo líder moral de esta coalición—, pues todas son acciones que él ha sugerido, tras sus constantes diferendos con la prensa y las televisoras. Una aparente minucia: en su objetivo 182 se pronuncia por el aborto legal, pero al momento de leer con detalle el párrafo se hace énfasis en que lo propone no como un derecho universal, sino sólo para garantizar condiciones seguras en los casos que las actuales leyes lo permiten. No va más allá, como por ejemplo hizo el PRD del DF. En general, la plataforma se mantiene en la normalidad de un discurso crítico, pero no radical; firme en materia petrolera y en la rectoría económica del Estado, pero sin llamados fuera de la racionalidad política. Eso, claro, en el papel. alejandro.jimenez@eluniversal.com.mx Periodista
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