Hemos propuesto la reducción de los índices de impunidad en los delitos de secuestro, extorsión, robo y homicidio, porque son los que más afectan y destruyen la paz y tranquilidad de los individuos y sus familias, e inhiben la creación y desarrollo de negocios que generan empleos y riqueza al país. Además de que constituyen termómetros efectivos de la eficacia de la estrategia gubernamental anticrimen.

En esa ruta, es vital que los alcaldes, los jefes delegacionales y los gobernadores a ser electos tengan metas específicas para disminuir estos delitos durante sus gestiones, porque la sociedad estará más segura cuando, por un lado, confíe más en sus autoridades y, por el otro, cuente con una efectiva seguridad pública.

Sin embargo, uno de los grandes problemas que enfrentan los gobiernos estatales, pero especialmente los municipales, es la falta de continuidad de sus políticas contra el delito, en razón de que no cuentan con un verdadero servicio profesional de carrera, que no solamente elimine para siempre las corruptas prácticas “clientelares” en los puestos públicos, sino que permita la permanencia de los funcionarios más allá de las gestiones.

Vinculado a lo anterior se sobrepone la necesidad de la reelección de los presidentes municipales, como una forma de terminar con la falta de continuidad de las políticas públicas por sus cortos periodos de tres años. Esto sin duda anula la posibilidad de planear acciones en el largo plazo y concretar los planes de gobierno, lo que indudablemente tiene un impacto negativo en los resultados que se puedan ofrecer a sus comunidades.

Si un presidente municipal hace bien su trabajo, reelijámoslo. Si no, no votemos por él nunca más.

Lo mismo alcanza a los diputados. Posibilitar su reelección abre la opción para romper con las lealtades a sus dirigencias partidarias, que son quienes los postulan, y trasladar ese compromiso al ciudadano, quien puede refrendarlo o rechazarlo en las elecciones siguientes.

Los legisladores sólo podrán ser interlocutores de la ciudadanía y de los propios poderes Ejecutivo y Judicial cuando tengan representatividad ciudadana en sí mismos. Y bajo esta premisa es obvio por qué proponemos eliminar a los legisladores de representación proporcional, quienes responden más a las luchas internas de los partidos que al interés por servir a los ciudadanos.

Debe quedar claro para todos que el pacto nacional ciudadano que hemos propuesto no es enemigo de los partidos que, sabemos, son instrumentos de articulación de la participación política de los ciudadanos y de la lucha legítima por el poder. Pero no podemos reducir la vida política a lo que hagan o dejen de hacer estos institutos políticos.

La vida democrática no comienza ni termina con los partidos. El ciudadano debe tener una participación activa en términos de libre expresión, algo a lo que no ayudó la pasada reforma al artículo 41 constitucional, puesto que prohíbe que un ciudadano, organizado o no, exprese mediante la compra de espacios en medios su opinión en contra o a favor de partidos o candidatos cuyas propuestas o conductas le parezcan aceptables o no. Esto, paradójicamente, es tanto como dejar al ciudadano como un invitado de palo en la fiesta de la democracia. Porque de todos los elementos que componen la libertad de expresión, la libertad de expresarse por los medios que uno considere mejor, precisamente en tiempos electorales, es quizá la más importante y la que más debemos defender.

En México SOS queremos un país seguro y con justicia, y para ello debemos exigir resultados a los políticos. Las herramientas democráticas son la reelección de legisladores y ediles para dar valor a la rendición de cuentas, y el servicio profesional de carrera. Así empoderaremos al ciudadano.

Los funcionarios deben cumplir. Y si no pueden… que renuncien.

Presidente de México SOS