El presidente municipal de origen priista explicó que esta situación irregular se presentó debido a que la administración municipal anterior, a cargo del panista, Jaime Díaz Ochoa, actual senador- y el gobernador panista, Eugenio Elorduy no firmaron un convenio con la Secretaría de Hacienda para que sólo se declarara sobre 20% del ISPT de los funcionarios municipales, cantidad que iría creciendo gradualmente en los años posteriores.

"En el 2003 se firmó un convenio al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores en donde se estableció que a partir del 2004 deberían regularizar las declaraciones del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo de los funcionarios, cobrando primero el 20%, luego el 40% y así sucesivamente cada año hasta que llegaran a declarar el cien por ciento de ese gravamen, lo cual deberían darlo a conocer a la Secretaría de Hacienda".

Pero el ayuntamiento anterior, dijo el entrevistado, no firmó ese convenio con la Secretaría de Hacienda, por lo que esta dependencia dio por hecho que se pagaría el cien por ciento de dicho gravamen.

Ramos Flores informó que Hacienda ha realizado tres auditorias al ayuntamiento mexicalense desde 2004, en las cuales ha ido aumentando la cantidad que se le debe por ese 80 por ciento que no se declaró del ISPT; primero fueron 11.5 millones de pesos; luego 30 millones de pesos, los cuales tomó directamente de una cuenta bancaria del ayuntamiento y la final es de 80 millones de pesos, de los cuales la dependencia federal se cobró 10 millones de pesos.