Por ello, dijo, quedaron en libertad los policías ministeriales Héctor Gerardo Sibaja Pacheco, Arturo Morelos, y Juan José Sierra Santos, acusados por robo de autos, y Agustín Reyes Pérez, detenido por portación ilegal de armas.

También Miguel Ángel García Vizaretea, jefe del Departamento de Periciales, acusado de robo de autos.

"Como se trataba de delitos del fuero común, la PFP no los consignó y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) los dejó en libertad, pues no se encontraron elementos para mantenerlos en prisión", sostuvo.

Asimismo, la procuradora local añadió que las 131 armas cortas y largas remitidas a la Octava Región Militar para verificar su licencia oficial colectiva, aún se encuentran bajo la revisión de las autoridades militares.

Explicó que una vez que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le notifique a la PGJE que concluyó la revisión del armamento, entonces cada uno de los policías ministeriales cuyas armas son evaluadas, acudirá personalmente por ellas.

Confió en que tras la revisión de esas armas, para constatar si fueron o no usadas por policías ministeriales para atacar a simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la corporación saldrá con las manos limpias.

Enfatizó que ningún elemento policiaco, por órdenes de ella o del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, participó en algún operativo para atacar a integrantes de la APPO.

Sin embargo, señaló que sí existen policías que son investigados por acusaciones por actos de corrupción y dijo que se trata sólo de casos particulares, los cuales la PGJE investigará de manera imparcial.

Asimismo, comentó que existen denuncias contra compañeros acusados de abuso de autoridad, a quienes se les sigue proceso, y que la PGJE no descarta declinar competencia a la Procuraduría General de la República (PGR) para que concluya con la investigación de esos casos, cuyo número prefirió omitir.

Caña Cadeza reveló que ya comenzó la revisión de expedientes de aquellas personas que, a pesar de no haber participado en lo hechos del 25 de noviembre pasado, fueron detenidos por la PFP, policías ministeriales y preventivos del estado, y consignados a la PGJE.

Agregó que esa revisión se hace en coordinación con los familiares de los detenidos y negó que el 80% de los más de 200 aprehendidos por esos sucesos sean personas que no tuvieron nada que ver, aunque aceptó que sí hubo personas que no participaron en actos vandálicos.