Presionados por lo que fue prácticamente un ultimátum del líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, el senador Bill Frist, los proponentes de dos iniciativas paralelas convinieron en buscar la inclusión de sus propuestas modificadas en un proyecto de ley que el comité analiza desde hace dos semanas.

De acuerdo con una versión del compromiso, la eventual propuesta de ley ofrecería 400 mil visas para trabajadores temporales, mientras que residentes indocumentados que busquen legalizar su situación tendrían que pagar una multa de 2 mil dólares, solicitar una situación de trabajador temporal por seis años, comprobar que quieren empleo y han pagado impuestos, aprender inglés y comprobar que conocen el funcionamiento del país.

Los detalles serán conocidos en los próximos días, pero confían en terminar antes del 27 de marzo, fecha en que Frist anunció que introduciría al plenario una legislación con énfasis en aspectos de seguridad similar a la restrictiva medida aprobada el pasado diciembre por la Cámara de Representantes.

El anuncio del líder senatorial pareció espolear tanto al senador Arlen Specter, presidente del comité, como a los senadores Ted Kennedy y John McCain, que favorecen la idea de regularizar a residentes indocu mentados, y a John Cornyn y Jon Kyl, proponentes de un programa de trabajadores invitados.

Ambas propuestas hacen hincapié en la necesidad de una mayor vigilancia fronteriza y control de contrataciones dentro de Estados Unidos, pero también en que los inmigrantes son importantes para la economía del país y que medidas policiacas no resolverían el problema.

"Parecemos ir hacia un consenso con la adopción de porciones de la ley McCain-Kennedy por la seguridad de Estados Unidos, con la aclaración del senador de que el comité no busca poner a residentes indocumentados al frente de la cola de inmigrantes que buscan situación legal", afirmó el senador Patrick Leahy, principal demócrata en el comité.

Kennedy afirmó que la nueva legislación no se trataría de una amnistía y que los participantes de ninguna forma alcanzarían la regularización antes que los tres millones de solicitantes que esperan emigrar legalmente en sus países de origen.

Los legisladores trabajarán informalmente en la nueva propuesta en el curso de la semana próxima, de receso por la Pascua.

Specter propuso a principios de mes una legislación en la que combina detalles de las dos propuestas principales, pero hasta el miércoles había escepticismo en torno de la posibilidad de un acuerdo entre ellos, al margen de que para un sector republicano cualquier plan que ayude a los indocumentados sería una generosidad exagerada, mientras que para los grupos pro-inmigrantes era insuficiente para resolver el problema.

Al margen de la polarización producida por el actual debate migratorio, hay también un ingrediente de política presidencial: tanto Frist como McCain han hecho saber que su interés es buscar la candidatura presidencial republicana de 2008.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid, anunció en todo caso su oposición a que se "sabotee" el trabajo del comité. "De cualquier forma, la fórmula policiaca para inmigración del líder de la mayoría no funcionará. El gobierno debe trabajar para cerrar el flujo de inmigrantes ilegales a través de nuestras fronteras, pero sin una reforma integral de nuestras leyes migratorias la situación seguirá caótica", indicó el senador.

En todo caso, el principio de acuerdo es importante, porque según evaluaciones del Foro Nacional de Inmigración (NIF) y otras organizaciones pro-inmigrantes, el marco del Comité Judicial favorece a los proponentes de dar un respiro a los indocumentados. "Es un parteaguas", dijo Frank Sharry, presidente del NIF.

De hecho, uno de los adversarios de esas medidas, el republicano Charles Grassley, opinó que hay posibilidades de que una legislación sea aprobada por el comité.

En una carta enviada el miércoles por el representante Tom Tancredo, que encabeza a un grupo de diputados que favorecen principios de seguridad, 73 firmantes aseguraron que las propuestas en el comité judicial son "fundamentalmente incompatibles" con lo aprobado por la Cámara Baja y "pueden condenar cualquier posibilidad de una real ley de reforma de este año al presidente".