En un pronunciamiento escrito, Stavenhagen exhortó a los gobiernos federal y estatal a buscar una solución negociada al conflicto, y llamó también a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y demás organizaciones a encauzar sus demandas por la vía pacífica.

Stavenhagen dice haber recibido información a lo largo del conflicto, de violaciones a los derechos humanos que incluyen tiroteos con armas de fuego que han dejado muertos y heridos; detenciones arbitrarias, allanamiento de hogares, desapariciones forzadas y negación del debido proceso.

“El Relator Especial ve con suma preocupación el uso de la fuerza pública para la supuesta solución a problemas sociales de larga duración”, señala el documento.

Por ello, recomienda a las autoridades federales y estatales que se atengan en todo momento a los compromisos adquiridos por México en el ámbito internacional, de respetar sin limitaciones los derechos humanos de las personas y los grupos, incluyendo los de libre expresión, manifestación y la protesta social.

Pide a las autoridades correspondientes investigar a fondo los hechos denunciados, y procesar a los responsables de acuerdo con las disposiciones de la ley.