Hace poco más de un año, la ciudad prehispánica cerró un episodio negro de su historia, al demolerse los cimientos y la estructura de concreto de lo que pretendió ser un moderno centro comercial, a unos pasos de su área monumental.

Ahora, otro centro comercial construido por la cadena WalMart está en entredicho, sólo que éste se localiza en el perímetro C, donde la declaratoria presidencial de zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán sí permite construcción. Por si fuera poco, la obra está casi concluida y a punto de comenzar a funcionar.

Son dos casos con diferencias pero también coincidencias.

En 1992, fue un megaproyecto arqueológico del gobierno federal el que proyectó que en el predio de 125 mil metros cuadrados, propiedad del empresario Isaac Hilú Alfille, conocido como Las Cruces y/o La Ventilla, se construyera una plaza comercial.

El hecho de que el terreno se localizara a un costado de la entrada principal a la zona, dentro del perímetro "B" protegido por declaratoria y por la ley federal, hizo que, ante la presión de arqueológos y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, población local y grupos defensores del patrimonio (que demostraron la presencia y, por tanto, daño a vestigios arqueológicos presentes en el subsuelo del predio), se diera marcha atrás al proyecto.

Tras años de litigios, un decreto del 30 de marzo del 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación, determinaba la expropiación del terreno, con el pago de 5 millones 337 mil 592 pesos por concepto de indemnización. En junio del 2003, las estructuras construidas fueron derrumbadas. Así se cerró ese capítulo.

La bodega Aurrerá que ha construido Wal-Mart en el barrio de la Purificación, municipio de San Juan Teotihuacán, estado de México, a una distancia de 3 kilómetros de la Pirámide de la Luna y a 2 mil 400 metros de la del Sol (en el área central de la zona arqueológica), obtuvo los permisos correspondientes, está dentro de las normas, no infringe leyes ni reglamentos y es viable técnica y jurídicamente, pero se considera atentatoria de valores simbólicos y culturales de los mexicanos, no protegidos por ninguna ley.

Tal es el contexto de un debate que alcanza ya casi cuatro meses, y que ha involucrado lo mismo a la comunidad local, dividida entre quienes están de acuerdo con el centro comercial "porque traerá fuentes de trabajo", y quienes consideran provocará la desaparición del pequeño comercio, según legisladores, grupos indigenistas, defensores del patrimonio cultural y ahora, intelectuales.

Cada uno defiende su razón y su derecho: la empresa Arrendadora y Centros Comerciales S.A. de R.L. de C.V. cuenta con permiso de construcción por parte del ayuntamiento, y con autorización del proyecto arquitectónico por parte del Centro INAH estado de México.

Aunque el predio se encuentra inserto en la zona urbana del poblado de San Juan Teotihuacán, las autoridades del INAH aseguran que el proyecto fue restringido a un volumen y características arquitectónicas que no afecten el paisaje cultural y natural (en particular, las visuales de la zona arqueológica y del templo de San Juan Bautista, que junto con el puente del Emperador, son dos monumentos históricos cercanos).

La exigencia "inicialmente incumplida por parte del corporativo" de contar con la supervisión de un arqueólogo adscrito al INAH durante los trabajos de excavación para la cimentación, se cumplió.

Un informe oficial señala que los trabajos de sondeo arqueológico comprendieron 108 pozos estratigráficos y tres calas extensivas en el terreno, así como la aplicación de georradar de penetración. Y únicamente se detectaron "en el área destinada a estacionamiento" restos de una plataforma de tierra en forma cuadrada, de 80 centímetros por un lado y una altura de 25 centímetros, por otra, junto a fragmentos de pisos prehispánicos.

Ante versiones (derivadas de lo anterior), sobre "daños a patrimonio arqueológico" localizado en el terreno donde se construye, intervino el Consejo Mexicano del ICOMOS (organismo adscrito a UNESCO), cuyos integrantes llevaron a cabo una visita técnica el 4 de septiembre pasado, determinando que "no se han detectado acciones que representen una pérdida para nuestro patrimonio arqueológico", que la tienda no afecta los valores visuales de la zona arqueológica y la construcción cumple con los requisitos marcados por la Declaratoria, así como por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento.

Estudios, dictámenes y argumentos han sido presentados por el INAH tanto a intelectuales, como a integrantes del Frente Cívico para la Defensa de Teotihuacán y la Organización de las Naciones Indígenas Unidas, en reunión de carácter informativo con la fracción del PRD en la Cámara de Diputados y a solicitud de senadores del Partido Verde Ecologista, pero la avalancha de movilizaciones y marchas aumenta llevando una alerta por encima del caso particular de Teotihuacán y más allá de nuestras fronteras, en lo que es hoy parte de un debate en el contexto mundial: la pérdida de valores culturales y simbólicos en las sociedades actuales frente a la globalización, discusión frente a la cual México todavía no se suma ni en foros públicos, pero tampoco en leyes y políticas que detonen el debate.