Si quisieran que las boletas fueran certificadas, el pago sería mayor, pues cada una tendría un costo de 11 pesos.

Las copias de las boletas electorales, en un principio, fueron solicitadas al IFE por 820 personas y representantes de diversas organizaciones sociales.

De ese total, hasta ahora únicamente dos medios de comunicación han interpuesto el recurso de revisión ante la negativa del Comité de Información del instituto para atender una solicitud de esa naturaleza.

El plazo para interponer un recurso de revisión vence este martes.

Después, la comisión de transparencia del IFE, integrada por consejeros, hará la revisión correspondiente para determinar si procede o no la entrega de las copias.

Los dos recursos que han sido presentados por EL UNIVERSAL y el semanario Proceso deberán resolverse en octubre.

Según el artículo 254 del Código Electoral Federal, una vez concluido el proceso electoral, debe procederse a la destrucción de las boletas, lo que todavía no se ha hecho.

Las autoridades electorales no las destruirían en tanto no se agote el procedimiento jurídico sobre este asunto.

Si la comisión de transparencia ratifica la resolución del comité que negó las copias, entonces los interesados podrían tramitar el amparo ante la justicia federal o presentar el juicio para la protección de los derechos político -electorales del ciudadano en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el cómputo final de la elección presidencial que dio a conocer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación el pasado 5 de septiembre, de este proceso existen 41 millones 557 mil 430 boletas.

Entonces, si alguien quiere que le certifiquen (para que tengan validez legal ante cualquier autoridad) cada una de las boletas, tendría que desembolsar 457 millones 131 mil 730 pesos.

Si nada más hay interés por copias simples, entonces el pago sería de 41 millones 57 mil 430 pesos.

La posibilidad de que las boletas se digitalizaran o microfilmaran, también tendría un alto costo.

Cuando funcionarios del IFE preguntaron lo que costaría digitalizar sólo 137 mil actas de cómputo y escrutinio, la respuesta de diversas empresas fue similar: 5 millones de pesos.

Hasta la fecha, lo que más ha pagado un usuario por documentación requerida al IFE ha sido 236 mil 500 pesos.

El ex diputado Carlos Romero Deschamps liquidó esa cantidad el 17 de julio de 2003 por copias certificadas del expediente del caso Pemexgate, en el que estaba involucrado.

Se le cobró esa cantidad como cuota de recuperación, como lo establece el reglamento de transparencia del instituto.

Y de acuerdo con dicho reglamento, el interesado primero tiene que pagar antes de que la autoridad proceda a realizar las copias, porque de otra manera existiría el riesgo de que la persona se arrepintiera, ya no quisiera la documentación y por lo tanto no liquidara el costo de la documentación, en perjuicio del instituto.