En el texto, Encinas le recuerda que el principio fundamental del gobierno de la ciudad es abordar los conflictos y encausarlos hacia una posible solución privilegiando la razón y el entendimiento, no obstante advierte que cualquier situación que implique el uso de la fuerza pública puede desencausar un "mal mayor, que el generado por la situación que se pretende remover".

El mandatario le señala a Abascal Carranza que ha establecido una coordinación permanente con la Secretaría de Gobernación para atender los 4 mil 626 conflictos de carácter nacional que se han generado del 5 de diciembre de 2005 a la fecha.

Agrega que hay muchos ejemplos que muestran la capacidad del Gobierno local para cumplir su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación de los ciudadanos.

Puso como ejemplo los informes presidenciales que se han realizado en orden, la marcha por la inseguridad, las sesiones del Congreso durante el proceso de desafuero de López Obrador y el Cuarto Foro Mundial del Agua, entre otros.

Incluso, señala que la Secretaría de Gobernación ha reconocido una adecuada conducción en conflictos, de manera pacífica, a diferencia de lamentables confrontaciones entre manifestantes y autoridades en la ciudades de Cancún y Guadalajara.

"Seguramente usted compartirá la opinión de que de ninguna manera son deseables desenlaces similares a los que se registraron en el conflicto sindical entre los mineros de la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, o el de los trabajadores de la educación en el estado de Oaxaca".

Señala que coincide que existe una responsabilidad compartida y en que la aplicación de la fuerza pública, no es la única ni la mejor forma de enfrentar los problemas políticos o sociales.

Al final de texto, indica que "los campamentos por una de las fuerza contendientes del proceso electoral, constituyen, la expresión de un problema político nacional, que requiere la atención urgente de las instancias que tienen la alta responsabilidad de atender y conducir la política interior del país, manteniendo así la indispensable gobernabilidad que, en este caso, recae en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en la Secretaría de Gobernación a su cargo".