La denuncia fue presentada por José Antonio Ortega Sánchez, presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, quien acudió a la sede de la PGR, para presentar la denuncia de hechos, en la que solicita la intervención del Ministerio Público de la Federación.

En el documento que entregó a la dependencia federal, el empresario indicó que el 17 de julio pasado, "me percaté que a un costado de la Plaza de la Constitución, específicamente en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, hoy sede de las oficinas centrales del Gobierno del Distrito Federal, se encontraban colocadas cinco "pendones" o "pancartas" que cubrían tres cuartas partes del largo del edificio ya especificado".

Se indica que en los carteles "aparecían diversos símbolos subliminales y alusivos al Partido de la Revolución Democrática (PRD)", entre ellos la leyenda "Contemos uno por uno", exigiendo el recuento de los votos en la elección presidencial del pasado 2 de julio.

De acuerdo con notas periodísticas, indicó Ortega Sánchez, las mantas fueron colocadas por órdenes del gobierno del Distrito Federal, y supuestamente Encinas Rodríguez declaró al respecto que "esas (mantas) las puso el gobierno de la ciudad y las voy a dejar ahí".

El denunciante indicó que de resultar ciertas las declaraciones del jefe de gobierno y que las mantas fueron colocadas por la administración local en apoyo al ex candidato presidencial, se podrían configurar delitos como peculado, previstos en el Código Penal Federal.

De acuerdo con la denuncia, Encinas Rodríguez podría ser presunto responsable del delito previsto en el Artículo 407 que establece que "se impondrán de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que: Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado?"

Ortega Sánchez consideró que en este caso también podría configurarse el delito de peculado, que de acuerdo con el Artículo 223 lo comete "el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos ú otorgue algunos de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, a fin de denigrar a cualquier persona?"