Al participar en una asamblea de la corriente perredista Nueva Izquierda, de la cual es dirigente, el también senador expuso que por el bien de la República y para lograr la estabilidad del país, el Tribunal debe aceptar la solicitud de la coalición Por el Bien de Todos para que se haga ese conteo.

?De otra manera, si no lo hace así (ordenar el conteo voto por voto), el Tribunal va a crear, el Tribunal, el presidente de la República y los panistas, una situación de incertidumbre, y lo más grave de todo es que el jefe del Estado nacional no tenga la legitimidad que da la certidumbre de las urnas?, expresó ante un millar de militantes de la corriente Nueva Izquierda.

Después, ya en entrevista, Ortega Martínez rechazó que con esta declaración presione a los magistrados del TEPJF para que aprueben la solicitud de la coalición Por el Bien de Todos, y agregó que si sus palabras se tomaron como una condicionante fue por una interpretación errónea de las mismas.

?No lo dije así. Lo que expresé es que de no revisar voto por voto se mantendrá el clima de incertidumbre?, argumentó.

-- Pero lo condiciona --, se le cuestionó.

--, No, esa es una interpretación que ustedes (los reporteros) dicen, yo digo otra cosa. En el escrito al Tribunal le pedimos que ordene que se cuente voto por voto, porque eso va a dar certidumbre--, respondió.

-- ¿Pero no está acusando a los magistrados?

-- No estoy acusando a nadie, pero por favor, a quién estoy señalando, estoy reiterando nuestra demanda que el Tribunal, para darle mayor certidumbre al país, cuente voto por voto --, expresó en tono molesto.

En la entrevista consideró que en un eventual recuento de votos, es probable que López Obrador no resulte ganador, pero aseguró que si después del conteo se ratifica el triunfo de Felipe Calderón ?el asunto se terminó?, dijo.

Durante esta asamblea de Nueva Izquierda, Isaías Villa, integrante de la dirigencia en esta corriente, dio a conocer un plan de acción para las dos semanas siguientes, en defensa del voto de López Obrador.

Este plan incluye la realización de una intensa campaña de propaganda, en la que participen los legisladores en funciones y los electos, con al menos 20 pintas cada uno, el envío de redes de mensajes por Internet, el desarrollo de mesas informativas por unidad territorial y la movilización de brigadas en mercados, tianguis, estaciones del Metro, entre otros lugares públicos.

Además, se plantean convocatorias a foros de análisis de la situación política; realizar eventos de conmemoración de movimientos de resistencia cívica e instalar campamentos para simpatizantes y militantes perredistas que lleguen del interior del país para instalar plantones en el Distrito Federal.