En un comunicado, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exhortó a los senadores a tomar en cuenta los compromisos internacionales asumidos por México y las recomendaciones de mecanismos de protección de garantías.

El organismo demandó tener presentes los tratados firmados por México que se oponen a prácticas monopólicas en el uso de frecuencias, y los que favorecen la creación de una instancia autónoma del Estado encargada de otorgar concesiones y permisos de radio y televisión.

Mencionó además la recomendación emitida en 2003 de legislar para "permitir el libre acceso" de las comunidades y pueblos indígenas a las ondas de radio, televisión y otros espacios informáticos, otorgando permisos "sin cortapisas y modificando la ley en caso necesario".

En 2000, menciona el documento, se aprobó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, en la que se establece que las asignaciones de frecuencias de radio y televisión deben considerar "criterios democráticos".

La oficina de la ONU puso a disposición del Congreso sus servicios de asesoría y cooperación técnica en materia de derechos humanos.