Por la tarde, la Secretaría de Gobernación ordenó el retiro del aire de los spots en los que aparece el presidente Fox, de acuerdo con la resolución del máximo tribunal, y subrayó que su acatamiento "es indispensable para la sana convivencia del país, sobre todo en un año electoral".

Por conducto de la Dirección de Radio, Televisión, y Cinematografía (RTC), el Ejecutivo comunicó que acata la decisión de la Corte a concesionarios y permisionarios, con quienes había programado la emisión de anuncios de la obra de gobierno.

La decisión de retiro de spots del Presidente carece de antecedentes y proviene de la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados en la Corte contra el Ejecutivo.

El acuerdo que emitió el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo representa una medida precautoria que impide que "se consuman y agoten de momento a momento recursos públicos (ya sea en tiempos fiscales, en tiempos oficiales, o con cargo a recursos presupuestarios), que no habría manera de recuperar", en caso de que en una sentencia posterior se acreditaran violaciones por la difusión de los anuncios gubernamentales.

Además, el ministro solicitó al Ejecutivo federal que en los próximos 30 días remita un informe a la SCJN con "cada uno de los elementos publicitarios que se hayan elaborado o difundido" respecto a programas sociales del gobierno, en cualquiera de los medios de comunicación, incluyendo tirajes y los datos relativos a su difusión, para que el pleno del máximo tribunal del país cuente con elementos de análisis y resuelva sobre el caso.

Estos son los aspectos fundamentales del acuerdo de Gudiño Pelayo, quien admitió la controversia constitucional 38/2006 que promovió el pasado miércoles la Cámara de Diputados en contra del presidente Fox, por la supuesta difusión de programas sociales con tintes político-electorales.

Por ello, los legisladores solicitaron la suspensión de los promocionales del gobierno federal o incorporarles la leyenda -como establece la ley- que precise que esos programas sociales son apoyados con recursos federales aprobados por el Congreso y no buscan apoyar a partido, funcionario o candidato alguno.

En la controversia se indica que los spots contravienen el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, que señala: "La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: ´Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social´".

El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo -responsable de analizar la controversia constitucional- mediante notificación (recibida a las 13:17 horas) informó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas, que la suspensión tendrá vigencia hasta en tanto "este alto tribunal no dicte resolución".

(Con información de Juan Arvizu)