De hecho, Leydi Campos Vera, asesora legal de esa casa hogar, fue detenida por agentes judiciales el sábado 6 de agosto, luego de que un juez obsequiara horas antes una orden de aprehensión en su contra por el delito de sustracción de menores.

El juez ordenó detener también, por el mismo delito, a Patricia Seoane, directora de La Casita, quien actualmente es prófuga de la justicia.

Leydi Campos, como subdirectora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia durante la administración de Joaquín Hendricks que concluyó el 5 de a bril, integró el expediente del pederasta Jean Succar Kuri, detenido con fines de extradición en Phoenix, Arizona.

Campos también tuvo a su cargo el caso del empresario Miguel Ángel García Rascón, a quien denunció su propia esposa por la violación de una niña y en la actualidad purga una condena.

Campos Vera afirma que esos intereses afectados pretenden ahora revirar las cosas en contra de los dirigentes de La Casita y de ella misma, que los denunciaron en su momento, contando para ello con la complicidad de los nuevos mandos del gobierno estatal que tomaron el control de Quintana Roo hace cinco meses.

En este contexto, instituciones extranjeras y nacionales, así como la Asociación Latinoamericana de Activistas Sociales (Alas) han realizado marchas de protesta al considerar inocentes a las acusadas, desembocando en actos de represión los movimientos que se desarrollaban en Cancún el 13 de junio y el 20 de agosto, fecha ésta última en fue fueron detenidas 577, la cifra histórica más alta desde los acontecimientos de 1968.

Así, Amnistía Internacional recibió a las 13:00 hora local de este miércoles un expediente relacionado con las represiones violentas por parte del gobierno estatal de Quintana Roo a manifestantes pacíficos en pro de la defensa de los derechos humanos de los niños, informó José Meza, uno de los abogados de la causa.

Dicho expediente cuenta con más de 500 archivos donde se encuentran documentados torturas, por parte del perito en torturas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Jorge de la Peña; videos de las represiones violentas, fotografías de las lesiones de los manifestantes torturados, dictámenes médicos por parte de la PGR, así como por parte de médicos especialistas; entrevistas de radio donde el procurador de Justicia del estado, Bello Melochor Rodríguez se adjudica la autoría de los hechos ocurridos el 13 de Junio contra los manifestantes, cobertura y seguimientos de los medios de comunicación, averiguaciones previas, etc.

Por parte de Amnistía Internacional, el expediente fue recibido por Carlos Mario Gómez, director ejecutivo de AI México, el cual le dará seguimiento conforme a los lineamientos de la institución. Por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., el expediente fue recibido por Mario Solórzano, consultor de la misma, quien mencionó que presentará en breve las acciones legales pertinentes al caso.

Por otra parte, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores del martes 13 de septiembre dio a conocer que el legislador Elías Miguel Moreno Brizuela sometió a la consideración de esa soberanía un punto de acuerdo con relación a la represión de que han sido víctimas manifestantes en el estado de Quintana Roo.