La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) someterá a revisión la participación que tuvieron alrededor de 300 funcionarios, entre los que se encuentran el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco el 3 y el 4 de mayo de 2006, para decidir si incurrieron en violaciones graves a las garantías de la población.

Con base en los resultados de una investigación que encabezaron dos magistrados, en la que se tomó la declaración del gobernador y del procurador, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se dio a la tarea de deslindar las responsabilidades de cada uno de los servidores públicos y de plasmar sus conclusiones en un proyecto de sentencia que se espera les entregue a sus compañeros de la Corte en esta semana.

Hasta el momento se desconoce cuál fue la conclusión a la que llegó el ministro Gudiño.

Pero su proyecto partió del informe que le entregaron los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, quienes tuvieron a su cargo la comisión que se encargó de investigar los hechos y que reconstruyó la historia del caso en 13 tomos, con un total de 5 mil 428 hojas.

En dicho informe, del cual se presentó una síntesis ante el Pleno de la Corte el 13 de marzo del 2008, se reportó, sin emitir algún tipo de calificativo, que se comprobó que durante el operativo varios policías agredieron violentamente a personas que no oponían ninguna resistencia, ingresaron a domicilios particulares sin ordenes de ingreso y trasladaron a los detenidos entre charcos de sangre.

En dicho informe se recuerda que el conflicto inició el 3 de mayo de 2006 porque a un grupo de vendedores de flores, apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, no se les permitió instalarse en el mercado de Texcoco. Y que el problema escaló a lo largo del día hasta llegar a enfrentamientos con la policía local, al bloqueo de la cerretera Texcoco-Lechería, a la altura de Atenco, y a la retención de 18 elementos de los cuerpos de seguridad.

“Por la noche —se detalla en el informe— de ese 3 de mayo, se dio una reunión en la que se ordenó un nuevo operativo, que según las autoridades tendría lugar al día siguiente con la finalidad de desbloquear la carretera, rescatar a los policías retenidos y reestablecer el orden y la paz social en San Salvador Atenco”.

Esa misma noche hubo otra reunión, en la que participaron mandos “del más alto nivel” en la que se planeó el operativo y se acordó emplear una fuerza aproximada de más de 2 mil 500 elementos locales y federales.

Conforme al plan trazado, alrededor de las 6:30 horas del 4 de mayo de 2006, los policías avanzaron, lograron desbloquear la carretera y por distintas calles marcharon hacia el centro de San Salvador Atenco, lo que lograron venciendo a los manifestantes en todos los enfrentamientos previos que se dieron.

“Pero varios elementos policiales, sin control alguno, agredieron violentamente a muchos manifestantes, que aparentemente no oponían resistencia alguna”, se denunciaron ingresos ilegales a casas-habitación y que muchas detenciones fueron ahí.