El gobierno de Ecuador aún no realiza ninguna gestión para solicitar a México la detención con fines de extradición de Lucía Morett, aunque en ese país se emitió una orden para capturarla por el delito de atentando contra la seguridad interna del Estado, por su presencia en un campamento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En entrevista con El UNIVERSAL, el embajador de Ecuador en México, Galo Galarza Dávila, detalló que la investigación conocida como Caso Angostura inició en marzo pasado por oficio, y que el juez penal determinó que existen evidencias para enjuiciar a Morett, por lo que el diplomático dejó en claro que la causa penal no depende de una acción de su gobierno, sino del Poder Judicial, que es autónomo.

Fue en marzo pasado cuando el Ejército colombiano atacó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano; Morett sobrevivió a la incursión militar junto con las colombianas Doris Bohórquez y Marta Pérez, a quienes ahora se les imputan delitos contra la nación.

Galarza confirmó que el 10 de diciembre pasado el juez tercero de lo penal, de Sucumbíos, solicitó que Morett y sus coacusadas sean detenidas y presentadas a juicio.

El fiscal Wirmar Gonzabay, luego de siete meses de investigación y a partir de declaraciones que recabó, fotografías y mapas que integran un expediente de mil 400 fojas, dictó auto de llamamiento a juicio, y emitió las boletas de captura contra Morett y las dos colombianas.

Ante la orden de aprehensión, Galarza dijo que el gobierno de Ecuador “lo único que tiene que hacer en este caso es respetar las decisiones de un poder autónomo, como lo es el Poder Judicial”.

Reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya solicitó, vía diplomática, informes sobre la situación jurídica de Morett.

Detalló que dependerá del juez ecuatoriano que se active el procedimiento.