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El Congreso de la Unión incumplió con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, ya que sólo aprobó tres de las seis iniciativas en materia de seguridad pública planteadas, y aplazó hasta febrero la discusión de los temas que quedaron pendientes.

Aprobó la miscelánea penal, la Ley General de Seguridad Pública y la Ley Antisecuestros, y avaló el registro nacional de celulares.

Quedaron pendientes las leyes sobre narcomenudeo, extinción de dominio y la relacionada con la una policía federal de mando único.

Ayer, la Cámara de Diputados avaló cambios finales que aplicó el Senado a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, y fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

Con ella todas las policías y niveles de gobierno se coordinarán para enfrentar a la delincuencia en el país.

La mayoría del pleno —221 votos a favor, 104 en contra y una abstención—, dio la aprobación a la ley que crea una estructura de coordinación, control y equilibrio de mandos, a fin de atacar a criminales que en la actualidad burlan la acción de la justicia, con lo que se acentúa el fenómeno de la impunidad.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Rivera Bedoya, dijo que la nueva legislación es el ordenamiento más importante de los que se emitieron en el periodo de sesiones para atacar al crimen, la violencia y la inseguridad en México.

Por su parte, el perredista Andrés Lozano lamentó que “mutilaciones a los artículos 40 y 41 hayan roto los equilibrios que se diseñaron para contar con instituciones policiacas fuertes, pero igualmente respetuosas de los ciudadanos que no son ni criminales ni narcos ni secuestradores”.

El Senado suprimió en las obligaciones de las corporaciones policíacas, abstenerse de actuar “con tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes”.

Al respecto, Rivera Bedoya comentó que esas condiciones están expresadas en la Constitución, de manera que el Senado las omitió, por considerar que el ciudadano está protegido de cualquier manera, respecto de abusos de los policías.

En el artículo 41, el Senado de la República quitó el sentido negativo a un precepto en el que limita el uso de la fuerza en el trabajo de la policía. Quedó fuera del texto la posibilidad de un policía a “abstenerse de obedecer órdenes ilegales”.

El legislador Lozano aseveró: “Creemos en un sistema de seguridad pública fortalecido con contrapesos, para que los cuerpos policíacos no abusen de esta herramienta contra cualquier ciudadano, sino contra el crimen”.

Consideró que la ley con los cambios a los artículos 40 y 41, abre la puerta para que se abuse de los derechos humanos, ya que es evidente que tenemos una policía que no está capacitada para cumplir sus funciones y que incluso se involucra con el crimen.

Lozano expuso sus preocupaciones por las modificaciones aplicadas por el Senado, ante el pleno, y luego en entrevista. Rivera Bedoya expresó que en el artículo 20 Constitucional se expresa que está prohibida la tortura y el maltrato.

Dijo que los diputados “jamás hubiéramos aprobado una iniciativa que pusiera en riesgo a las personas”.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública forma parte de los compromisos del poder Legislativo contra el crimen. Fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.