La libertad de expresión no está bajo cuestión; lo que no se puede es “pagar” para influir en la voluntad de los electores, advirtieron consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) en torno a la demanda que pretende iniciar el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por hechos ocurridos en la campaña presidencial de 2006.

El 29 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al IFE, sancionar a PAN, PRI y PVEM por spots de la llamada guerra sucia emitidos por el CCE en 2005.

El fallo indica que esos partidos fueron responsables al no realizar acciones para prevenir o rechazar los mensajes contenidos en esos spots. El 25 de noviembre, el PAN presentó un recurso de “contradicción de tesis” ante la Suprema Corte contra el TEPJF.

El IFE analiza en la actualidad dos propuestas de reglamento: uno para normar el tema de la libertad de expresión, y otro, para encuadrar las sanciones a las que serán acreedores los funcionarios que hagan actos de promoción con fines políticos, en violación al artículo 134 del Cofipe.

Los proyectos los presentó el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar hace meses, con la advertencia de que el IFE está obligado a definir los criterios sobre libertad de expresión, para evitar en 2009 episodios de guerra sucia como los de 2006.

El consejero Arturo Sánchez advirtió que quizás al CCE le preocupa mucho el asunto de la sanción, porque a ellos no se les podía sancionar en aquel entonces y no hay sanción para dicho organismo empresarial en este caso.

“Quizá lo que les preocupa es tener claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en términos de pronunciamientos políticos”. Esto es urgente, dijo, para que no estemos permanentemente moviéndonos en la línea de violentar o no la libertad de expresión.

Hay que definir dijo, hasta dónde es un mensaje político o un mensaje político-electoral y hasta dónde puede actuarse o no, concluyó.