El cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ha sido desigual durante sus primeros 100 días de vigencia. Los gobiernos estatales son los que mayor rezago reportan, ya que no hay avances en uno de los dos puntos que les correspondía atender y sí, en cambio, se dedicaron a poner en marcha acciones dispersas con diferente grado de prioridad.

El punto que no se cumplió de los firmados el 21 de agosto en Palacio Nacional fue el marcado con el número 51:“La creación de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas”.

No se trabajó en ello ni siquiera a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). En su más reciente reunión, celebrada en septiembre en Álamos, Sonora, no aludieron a los avances de sus compromisos con el acuerdo, aunque anunciaron la creación de unidades regionales que efectuarán operativos conjuntos contra la delincuencia organizada”.

Otro de los compromisos de los Ejecutivos estatales dentro de los primeros 100 días era el marcado con el número 47 que los obligaba a reasignar recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos para fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia. En su mayoría, los estados reorientaron sus presupuestos hacia el área de seguridad y justicia.

En un seguimiento sobre los avances de las acciones ejecutadas dentro de los 100 días posteriores a la firma del acuerdo, en ningún caso se habló de la creación de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia. En todos los caso se destacaron tareas que aunque tenían relación con el combate a la inseguridad no estaban dentro de los compromisos a cumplir en el plazo de los 100 días.

Algunos estados concretaron reformas a sus legislaciones locales e iniciaron la depuración de los cuerpos policiacos, mientras que otros se enfocaron en firmar nuevos acuerdos.

La compra de equipo y la capacitación de personal mediante cursos de bajo perfil fueron la constante.

Cada gobierno estatal decidió dar prioridad a diferentes rubros. En Coahuila, por ejemplo, se inició la certificación del Centro de Evaluación para el Control de la Confianza, órgano de reciente creación en estados como Guerrero, donde también se anunció la construcción y equipamiento de siete centros regionales de adiestramiento policial.

La conformación de unidades especializadas de antisecuestro resultó prioritaria para Tabasco, Hidalgo y Quintana Roo.

En Yucatán se fundó la Policía Femenil. Baja California adelantó su incorporación al Sistema Único de Información Criminal. Presume que en ningún estado se aplicaron tantos exámenes de confianza a elementos policíacos y agentes del Ministerio Público.

Fue en Chiapas donde se concretaron reformas legislativas, una de ellas dispone castigar hasta con 110 años de cárcel a secuestradores, plagiarios y extorsionadores

La adquisición de patrullas y motocicletas para incrementar los rondines de vigilancia se realizó en la mayoría de los estados, en especial Chihuahua y Veracruz.

En el DF se crearon ya los centros de control de confianza policial, pero no se sabe todavía cómo viene su presupuesto 2009 en materia de seguridad pública y justicia, ni se sabe de la creación de sus índices de medición de desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia cuyo cumplimiento se vence en estos 100 días.

Se sabe que el jueves próximo los gobernadores tendrán una reunión con el presidente Felipe Calderón para revisar los avances con los que llegarán a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el viernes en Palacio Nacional.