Ricardo Gutiérrez Vargas, director general de la Oficina de Interpol México, fue arraigado por 40 días, como parte de la Operación Limpieza que puso en marcha la PGR contra funcionarios de la dependencia que entregaron información reservada sobre investigaciones en curso a grupos del crimen organizado.

El ex funcionario arraigado, uno de los de más alto rango detenidos hasta ahora por la investigación que destapó EL UNIVERSAL el pasado 27 de octubre, sucedió en el cargo a Rodolfo de la Guardia García, también arraigado desde el 7 de noviembre por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

De la Guardia García, quien también fungió como director general de Despliegue Regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en la PGR entre 2003 y 2005, y durante las investigaciones se obtuvieron indicios de que en ese periodo se relaciónó con grupos del crimen organizado a los que proporcionó información confidencial a cambio de un pago mensual en dólares.

La Procuraduría General de la República (PGR) indicó que la investigación a Ricardo Gutiérrez se relaciona con la la averiguación previa PGR/SIEDO/UIEDCS/241/2008. Esta averiguación contiene diversas declaraciones de testigos protegidos y funcionarios que relatan como a cambio de fuertes sumas de dinero entregaban a organizaciones criminales información sobre investigaciones y operativos de la policía y el Ejército.

Aunque en la averiguación la PGR asegura que los funcionarios trabajaban para varias organizaciones criminales la depenencia proporciona varios testimonios y confesiones que los vinculan en especial con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

La Procuraduría General de la República informó que el arraigo del ex director de Inteprol fue concedido por el juez décimosexto de Distrito en Materia Penal de la ciudad de México, como parte de las investigaciones derivadas de la Operación Limpieza que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Gutiérrez Vargas fue detenido el pasado 16 de noviembre por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), en cumplimiento de una orden de localización y presentación.

El arraigo, precisó la Procuraduría General de la República, fue solicitado por la SIEDO “con el fin de obtener elementos de prueba para determinar la posible responsabilidad del arraigado en actos ilícitos”.