Grupos de narcos como Los Zetas desatan ola de secuestros de migrantes centroamericanos, a cuyos familiares exigen de 500 a 3 mil dólares a cambio de su libertad. Estas organizaciones operan sobre todo en Veracruz, Oaxaca y en zonas limítrofes con Chiapas y cuentan con la protección de policías locales y hasta de empleados del Instituto Nacional de Migración.

Heyman Vázquez Medina, párroco a cargo de la Casa del Migrante en Arriaga, Chiapas, denunció en entrevista que en el último año, en México indocumentados centroamericanos se han convertido en blanco del narco.

Relató que los migrantes son secuestrados en las vías del tren en Orizaba y Tierra Blanca, Veracruz por comandos armados y con radiocomunicación, que actúan a plena luz del día.

El lunes pasado, afirmó, casi a las 22:00 horas, 15 sujetos con metralletas incursionaron en la garita del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapanatepec, Oaxaca —a 40 kilómetros de Arriaga—, donde “se llevaron a todas las mujeres y menores que había”, ahora se desconoce su paradero.

Vladimiro Valdés, del Servicio Jesuita a Migrantes, Centroamérica y Norteamérica, así como Olga Sánchez Martínez, del albergue Jesús el Buen Pastor de Tapachula, coinciden en que el plagio es el peor azote a migrantes centroamericanos y un problema de seguridad.

Sobre este fenómeno, Vázquez Medina indicó que pese a presentar las denuncias penales por secuestro, tortura y asesinatos ante la Fiscalía para la Atención de Delitos contra Migrantes, en Chiapas, no hay resultados.

“No creo que el gobierno mexicano ponga interés; si hay tantos secuestros de mexicanos impunes, menos le van a interesar los secuestros de los centroamericanos”, dijo.

Basado en testimonios de migrantes liberados, relató que en Veracruz, por ejemplo, Los Zetas los esperan al bajar del tren y sujetos armados los llevan a una casa de seguridad “donde tienen gran cantidad de migrantes”.

Las víctimas aseguran que “les piden el número de teléfono de sus familiares, y a quienes no lo dan lo apartan y lo torturan”. A uno que se resistió a dar sus datos “le quitaron un pedazo de lengua, pues le dijeron ‘no te sirve, no quieres hablar’ y terminó por ceder”.

Vázquez Medina denunció que las víctimas han visto cómo elementos de la policía llegan a la casa y platican con secuestradores.

“Me dicen que incluso elementos del Instituto Nacional de Migración llegan vestidos con sus uniformes a platicar con los secuestradores, a recibir su parte, entonces no nos queda duda alguna de que están coludidas las autoridades con la delincuencia organizada”, señaló.

La situación es grave, aseguró, pues a los indocumentados que no pueden pagar el rescate, los narcotraficantes los obligan a trabajar a su servicio, ya sea vendiendo droga o recabando información en los albergues para ubicar a otros secuestrables.

Ante este difícil panorama, el párroco aseguró: “Hoy lo que veo es que el migrante está dispuesto a perder la vida o hacerse delincuente, pues los obligan a trabajar para el crimen organizado”.