La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal reservó por 12 años los nombres de colaboradores directos de su titular, Genaro García Luna, de las cuatro subsecretarías y órganos desconcentrados y de responsables de programas estratégicos, para evitar infiltraciones del crimen organizado.

Incluye nombres de secretarias, asesores, encargados de programas como Plataforma México y directores de áreas como Prevención del Delito y Desarrollo Penitenciario, que fueron retirados del directorio de la SSP, disponible en su página de internet, y sustituidos por la leyenda “información reservada”, por un acuerdo del Comité de Información.

“Dar a conocer los nombres de los servidores públicos que laboran en las unidades administrativas de esta dependencia, traería como consecuencia que los miembros de la delincuencia organizada puedan buscar y conocer puntos críticos de operación y así tomar ventaja sobre los mismos”, afirma el documento.

Difundir dicha información, agrega, puede “facilitar la localización de servidores para premeditar una venganza constitutiva de algún o algunos delitos graves y desestabilizar las acciones tendientes a garantizar la seguridad pública”, o bien que “personas con pretensiones delictivas promuevan algún vínculo o relación con personal de la secretaría”.

El acuerdo, fechado el 26 de agosto, destaca que servidores públicos cuya información se reserva poseen o tienen bajo su custodia información de carácter administrativo o logístico, o bien tienen acceso a sistemas informáticos o de seguridad “que bajo ninguna circunstancia deben revelarse”.

Cita como ejemplo, el caso del personal encargado del sistema penitenciario federal, que conoce a detalle los procedimientos de traslado de internos, los reos que pueden ser reubicados, su peligrosidad y pertenencia a determinado grupo y sus características especiales.

Estas previsiones, sin embargo, no han impedido que personal de la SSP entable vínculos con el crimen organizado. Tres agentes de la coordinación de Operaciones Especiales (división antidrogas) están bajo arraigo por vínculos con el cártel de Sinaloa.