Felipe no batalló mucho. Vio en la bolsa de trabajo de la página de internet de la embajada de Estados Unidos en México una vacante para un puesto relacionado con la seguridad. Se presentó a dejar sus documentos, luego, a una entrevista y fue contratado. Así, en pocos pasos, el cártel que dirigen los hermanos Beltrán Leyva tenía un infiltrado en la oficina de los US Marshals Service.

Este hombre había logrado vulnerar con anterioridad los procedimientos de confianza y los protocolos de seguridad de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que lo colocó en la oficina de la Interpol México, y superó el tramite legislativo del Senado de ser autorizado para laborar en la representación diplomática de Washington en México.

Felipe es el nombre clave que utiliza este testigo protegido, cuyas declaraciones destaparon el mayor escándalo de corrupción oficial en México en los últimos 10 años, y que ingresó a finales de noviembre de 2007 a la oficina que ocupa el US Marshals Service dentro de la embajada.

El Servicio de Marshals de los Estados Unidos es la unidad policíaca más antigua del Departamento de Justicia que se encarga de investigar crímenes, trasladar prisioneros, buscar fugitivos y de brindar seguridad a los testigos protegidos. De hecho, esta corporación participó en las investigaciones que llevaron a la captura de Eduardo Arellano Félix, uno de las cabezas del cártel de Tijuana.

En 2002 siendo un pasante de derecho, Felipe conoció a José Antonio Cueto López, un hombre al que el gobierno mexicano identifica como un intermediario entre funcionarios corruptos y capos del narcotráfico, y a Fernando Rivera Hernández —entonces parte de un grupo operativo de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada bajo el mando directo de José Luis Santiago Vasconcelos—, que hoy está acusado de trabajar para la organización de los Beltrán Leyva.

En agosto de ese mismo año Cueto López le consiguió a Felipe “un trabajo en la AFI y fue enviado a la oficina de la Interpol en el aeropuerto de la ciudad de México. En ese trabajo tuvo su primer contacto con el cártel.

En 2005, el cártel le pagó 10 mil dólares por “entretener a su gente” cuando la banda se lo requirió. Hasta 2007 le pagaron constantemente por sus favores, luego salió de la Interpol. El 11 de octubre de 2007 el Poder Legislativo concedió permiso a Felipe para trabajar en la misión diplomática y lo autorizó para prestar servicios como “investigador criminal del US Marshals Service”.

La solicitud del cártel no tardó en llegar. A finales de noviembre José Antonio Cueto le presentó a Felipe a El 19, un operador del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, quien le ofreció un sueldo mensual de 30 mil dólares para que trabajara para la organización. Aunque él pretendía 50 mil, aceptó el trato

Felipe le entregó información sobre las investigaciones para detener a un importante fugitivo estadounidense que trabajaba para el cártel y que vivía en Querétaro. También le dijeron que tenía que entregar nombres y teléfonos de personas que eran investigadas por la DEA y el servicio de Marshals.

Las declaraciones de Felipe, junto con otras investigaciones, condujeron al desmembramiento de una red de oficiales corruptos de la SIEDO entre los que se encontraban el coordinador general de esa oficina, Miguel Colorado y el director de inteligencia, Fernando Rivera Hernández. La PGR continúa las investigaciones para determinar el grado de penetración del cártel en la SIEDO.