El intento de impedir la aprobación de la reforma energética mediante movilizaciones pone al perredismo en una encrucijada: sabotear el funcionamiento de las instituciones de las que forman parte, ya que son gobierno y ocupan cargos legislativos, o respetar las leyes que, como funcionarios o representantes populares, juraron guardar y hacer guardar.

Quienes integraron el gabinete de Andrés Manuel López Obrador en el DF 2000 y 2005, y quienes forman parte de la administración Marcelo Ebrard se encuentran en la misma condición. Se enfrentan a una ley que consideran injusta y para manifestar su desacuerdo incurren en conductas penadas por las propias leyes.

Los antiguos líderes estudiantiles, dirigentes de taxistas, o representantes de organizaciones de colonos que demandaban vivienda regresan en estos días a los tiempos del mitin o los empujones con la policía.

Por ejemplo, en la Torre del Caballito, Claudia Sheinbaum, ex titular de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, y Francisco Garduño, ex secretario de Transporte, se engarzaron en un duelo a empujones con los elementos de la Policía Federal Preventiva.

Garduño, quien en algún momento fue propuesto por López Obrador para ocupar el puesto de secretario de Seguridad Pública del DF, petición que fue rechazada por el entonces presidente Vicente Fox, ayer increpaba a los policías federales que resguardaban lo que se convirtió en sede alterna del Senado.

Sheinbaum y Garduño no fueron los únicos: a la explanada de acceso a la sede senatorial en Xicoténcatl acudieron Alejandro Encinas, ex jefe de Gobierno; Ricardo Ruiz, ex secretario de Gobierno capitalino, estaban codo a codo con Javier Hidalgo, director del Instituto de la Juventud del DF; José Luis Muñoz, delegado en Cuauhtémoc, y Alfredo Hernández Raigosa, director de Regulación Territorial del DF.

Los funcionarios convertidos en activistas se comportaron de la misma forma en que lo hacían los priístas de tiempos del partido casi único: en aras de defender lo que su partido considera justo dejan de lado su obligación como servidores públicos.

Si antes la izquierda censuraba que los secretarios de Estado hicieran actividad partidista —en los lejanos 90 los legisladores del PRD acusaban a Carlos Hank de peculado por usar un fax de la Secretaría de Agricultura para felicitar a un candidato priísta recién ungido—, hoy los perredistas participan en manifestaciones en horario de trabajo pero no solicitan licencia sin goce de sueldo.

Una de las tradiciones de los políticos mexicanos ha sido la de actuar como hombres de partido, antes que de Estado. Una nueva ética supondría anteponer su compromiso con las instituciones antes que la militancia.