En el último año de ejercicio de la Cámara de Diputados, su presidente Horacio Duarte (PRI) decidió “limpiar” la Unidad de Enlace y Transparencia, y para ello liquidó a todo el personal con experiencia, para nombrar a personas de su entera confianza.

De siete cargos que hay en la Unidad de Enlace, sólo dos están ocupados oficialmente, el del nuevo director Pablo Espinoza, y el de una subdirectora, Grisel Cruz —quien fue la única que logró quedarse—, el resto están marcados en el directorio oficial de la página de internet como “pendientes”.

Esos cargos se debieron repartir la semana pasada, y según consultas internas, el nuevo equipo encargado de la transparencia en San Lázaro es, en un gran porcentaje, oriundo de Chihuahua, de donde es Duarte.

Aunque al frente de Transparencia se sabe poco del currículo de Pablo Espinoza: fue delegado del PRI en Chihuahua, cargo que dejó para integrarse al equipo de Duarte durante el último año de la legislatura, que termina el próximo 31 de agosto; además se le conoce como parte del primer equipo de los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina, uno de los bastiones más importantes del priísmo.

A pesar de que sólo lleva un mes la dirección priísta en la Cámara Baja, la liga para las solicitudes de transparencia no funcionó por cinco días.

Hasta septiembre, estuvo al frente de la Unidad de Enlace María de la Luz Mijangos, quien tiene una carrera en la administración pública, en el área de transparencia, y a quien dieron de baja para abrir paso al paisano de Duarte.

Mijangos fue titular de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF, y se le recuerda por su investigación y decisión de denunciar las irregularidades de René Bejarano en la ciudad de México; es doctora en Derecho, catedrática, con especialidades en diferentes universidades del mundo; pero sustituida de su cargo en la Cámara Baja a pesar de conocer sobre el tema.

En los últimos registros de solicitudes de información en San Lázaro, quedó en evidencia el control de la Mesa Directiva —desde la dirección de Ruth Zavaleta— de las peticiones ciudadanas o periodísticas; ya que eran los legisladores de ese órgano interno quienes con un comité informal de transparencia, decidían qué convenía o no hacer público. Por ejemplo, decidieron “auto-reservarse” los gastos médicos que fueron solicitados por EL UNIVERSAL hace meses, como parte de una prestación a los legisladores con recursos públicos.

Sin embargo, el 27 de noviembre de 2007 mediante la Unidad de Enlace se hizo la misma solicitud, que tuvo una respuesta apegada a la ley interna, lo que incomodó a los diputados federales quienes argumentaron la necesidad de contar con esa prestación para atender cáncer o el parto de sus esposas.

La nueva administración de Duarte no ha cumplido las nuevas normas de transparencia, que incluyen la creación de un consejo interno que garantice que los más de 5 mil millones de pesos que circulan en San Lázaro, pueda ser comprobados, verificados y sean públicos; esta violación ha sido criticada incluso por los consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).