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Por primera vez, el líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia enfrenta una acusación federal por la cual puede solicitarse su extradición al gobierno de Canadá, donde se encuentra desde hace poco más de dos años, cuando iniciaron una serie de acciones legales en su contra por la disposición presuntamente indebida de 55 millones de dólares de un fondo de los trabajadores de ese gremio.

La juez primero de distrito de procesos penales federales, Silvia Carrasco, giró orden de aprehensión contra Gómez Urrutia y otros dirigentes mineros acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, y como el monto del presunto quebranto es de 55 millones de dólares, el delito se considera grave y los presuntos inculpados no alcanzan libertad bajo fianza.

En respuesta, Carlos Pavón, secretario de Acción Política del sindicato, de la dirigencia afín a Gómez Urrutia anunció que el sindicato interpondrá un amparo y señaló que la orden es una muestra clara de “persecución política” y amagó con recurrir al amparo y realizar paros y movilizaciones por todo el país.

Por separado, Agustín Acosta Azcón, representante legal de los trabajadores mineros defraudados, mencionó que con esa orden federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores puede pedir la extradición de Gómez Urrutia.

Recordó que esta orden de aprehensión se suma a otras tres que ya existen en contra del dirigente minero, por la extinción del fideicomiso minero y por el mal manejo de los 55 millones de dólares. Además hay otra en contra de otros líderes del sindicato.

Una que radica en el juzgado quincuagésimo primero penal del Distrito Federal. Otra que se inició en Sonora, y que ya está también en el juzgado quincuagésimo primero penal en el Distrito Federal, y una más se inició en San Luis Potosí, y ahora en la ciudad de México en el juzgado décimo octavo de lo penal.