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Los argumentos emitidos por el ex canciller Jorge Castañeda acerca de su triunfo contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son falsos, aseguró el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo.

En entrevista, el embajador retoma párrafos textuales de la sentencia y señala que la Corte fue muy clara al decir que no hubo violación a los derechos políticos, ni al derecho de igualdad de Castañeda, porque no se le permitió ser candidato independiente a la Presidencia para las elecciones de 2006.

“Al encontrar que no hubo violación a los derechos humanos, (la Corte) concluye, con toda lógica, que no hay lugar a declarar la responsabilidad internacional del Estado mexicano y tampoco hay lugar a reparación”, señala Gómez Robledo en entrevista.

Explica que los 7 mil dólares que la Corte Interamericana le otorga al demandante es simplemente por razones de equidad. Se trata, dice, del reintegro de los gastos judiciales en que incurrió con motivo de la audiencia que tuvo lugar en San José en febrero de este año.

Jorge Castañeda se ha dedicado en diversos medios de comunicación a decir que como el Estado mexicano tiene que pagar esta cantidad perdió el juicio: “Paga el que pierde. No conozco ningún juicio donde paga el que gana”, expuso el ex canciller.

El subsecretario indica que cuando la CIDH ordena la reparación de daños las cantidades son altas, cifradas en millones de dólares, por lo que, explica, no corresponde a una reparación.

Además, contrario a lo que dice Castañeda, no es la primera vez que el Estado mexicano es juzgado por la CIDH, pues ya se había tenido el caso de Alfonso Martín del Campo el sexenio pasado.

Gómez Robledo refiere que la Corte agrega que Castañeda ni siquiera logró demostrar que el no haber sido postulado por un partido le significó una restricción arbitraria o gravosa a su derecho a ser votado.

“La Corte fue más lejos y dijo que el demandante pudo haber obtenido la postulación de un partido, haber formado uno, haber sido postulado sin ser militante; es decir tenía formas para tener su derecho a ser votado.”

Señala que la Corte también revisó el tema de saber si cuando ocurrieron los hechos en 2005 existían en México recursos judiciales suficientes para que el ciudadano pueda hacer valer ante un tribunal mexicano algún reclamo en torno a la constitucionalidad de una norma electoral.

Sin embargo, la CIDH determinó que la reforma electoral de 2007 en México, por la que se añadieron dos párrafos al artículo 90 de la Constitución, subsanó dicha deficiencia al reconocer constitucionalmente la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revisar la constitucionalidad de las leyes electorales.

Gómez Robledo indica que la sentencia de la Corte establece que el Estado deberá ajustar la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano, de acuerdo con lo previsto en esa reforma constitucional.

Explica que la Corte no recomienda al Estado mexicano legislar en torno a candidaturas independientes, pues argumenta que el que no haya este tipo de candidaturas corresponde a circunstancias de la historia del país y eso no viola los derechos humanos de la Convención Americana.

Reveló que intentaron negociar una solución amistosa para que Castañeda no acudiera a la CIDH, al plantearle la constitución de un grupo de trabajo Ejecutivo-Legislativo para juntos elaborar la reforma constitucional electoral, que se dio el año pasado, y donde él tendría una participación destacada.

Señaló que en este proceso triunfó el Estado mexicano porque se sometió a los tribunales internacionales, pero declinó comentar acerca de las razones que están llevando a Castañeda a decir que triunfó.