En la nueva estrategia del gobierno federal para el combate a bandas de secuestradores, la Procuraduría General de la República (PGR) buscará formalizar alianzas con las empresas de telefonía fija y móvil, para agilizar las investigaciones.

Además, buscará fincar responsabilidades por lavado de dinero a grupos de plagiarios.

Un diagnóstico de la dependencia sobre la operación de las bandas dedicadas al secuestro que operan en México detalla así algunas de las acciones que emprenderá para fortalecer la investigación ministerial, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que desde el lunes puso en marcha unidades especiales antisecuestros, con 300 policías federales.

De los mil 74 plagios denunciados, de 2007 a mayo de este año en el país, la PGR ha atendido 37% de estos casos, clasificados como delincuencia organizada; aunque de las 402 denuncias que recibió sólo ha consignado 103 averiguaciones previas, que equivale a 25.6% de los expedientes iniciados en el fuero federal.

Ante este escenario, el informe de la PGR indica que en la estrategia antisecuestros se concretarán alianzas con las empresas telefónicas, para obtener información oportuna sobre los aparatos y números que utilizan los plagiarios durante la negociación del pago de rescates.

Desde 2006, la SSP federal alertó sobre la necesidad de este tipo de alianzas, ya que “otro elemento a favor de los secuestradores es el hecho de que no exista una regulación en el uso de teléfonos celulares de prepago”, razón por la cual la adquisición de este tipo de equipos no requiere identificación alguna y tampoco facturación del servicio.

Al respecto, destaca que de 2001 a la fecha, la mayoría de los secuestros han sido negociados por esta vía.

Asimismo, el documento de la PGR señala que el Ministerio Público de la Federación buscará determinar a detalle “los flujos de dinero y las estructuras de las organizaciones criminales, para ejercitar acción penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y recuperar los bienes o recursos obtenidos para reparación del daño”.

Incluso, se indica que “se evaluará la necesidad de obtener la autorización de los familiares para realizar operativos de rescate” que permitan liberar a secuestrados, disminuir su tiempo de cautiverio, reducir los recursos que obtendrían las bandas y “consolidar la confianza en los organismos de seguridad del Estado”.